Legisladores cuestionaron las deficiencias del sistema judicial, policial y penitenciario en Bolivia, y demandaron acciones para esclarecer las muertes de personas bajo custodia estatal, investigar posibles vulneraciones de derechos humanos y avanzar en una reforma integral de la administración de justicia.
Luego de que un trabajo periodístico, contrastado por datos de una instancia del Ministerio de Gobierno, reveló que en los últimos ocho años hubo 58 decesos en centros penitenciarios del país, Brújula Digital pidió sus opiniones a asambleístas de diversos frentes políticos.
La diputada de Libre, Cecilia Vargas, anunció que impulsará una minuta de comunicación para solicitar información detallada al ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo sobre estos hechos. En tanto, legisladores de Unidad, APB Súmate y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) coincidieron en la necesidad de revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad, la investigación penal y la administración de justicia.
“Me parece importante que ahí se aclare la situación, porque nuestro trabajo es fiscalizar este tipo de problemas y que respondan el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa”, afirmó Vargas, quien explicó que el asunto ya fue abordado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, instancia que solicitó informes a las Fuerzas Armadas y a la Policía tras recibir denuncias de maltratos e incluso fallecimientos.
La legisladora precisó que la nueva solicitud estará dirigida a la comisión de la Cámara Baja encargada de Defensa, Fuerzas Armadas y Gobierno, con el propósito de obtener información sobre las actuaciones de las autoridades competentes.
DETENCIÓN PREVENTIVA Y REFORMA JUDICIAL
El diputado de Unidad, Alejandro Reyes, sostuvo que la revisión de la detención preventiva debe ocupar un lugar central en la reforma judicial, debido a los efectos que su aplicación prolongada y abusiva puede tener sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
“Sabemos que desde el día uno tenemos que hacer una reforma al tema judicial porque la detención preventiva es un abuso y que ciertamente durante 20 años se ha abusado de ella”, manifestó Reyes, quien vinculó esta problemática con la pérdida de vidas humanas y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El diputado de APB Súmate, Freddy Camacho, consideró que las deficiencias del régimen penitenciario deben analizarse como parte de una transformación más amplia del sistema de justicia. Señaló que las reformas deben abarcar a las distintas instituciones que intervienen en los procesos penales, desde la Fiscalía y los juzgados hasta la Policía y los centros de reclusión.
El legislador también expresó sus dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para responder a las demandas ciudadanas y atender de manera coordinada los problemas que afectan a la administración de justicia.
La senadora del PDC, Ana María Crispín, atribuyó la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas a la corrupción y a las deficiencias en la atención de las necesidades de la población. A su juicio, las denuncias de violencia, asesinatos, sicariato e inseguridad reflejan problemas que requieren una evaluación de todo el sistema estatal.
“Hay que hacer un análisis de en qué sector se ha generado la ilegalidad: la Policía, en la investigación, en la Fiscalía, en la justicia. Todo. Para poder identificar este mal”, sostuvo, y cuestionó la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización y planteó la necesidad de evaluar el desempeño de los jueces frente a las denuncias que involucran a las instituciones encargadas de administrar justicia.
La senadora de Libre, Elena Pachacute, reprochó a las autoridades del área por no priorizar soluciones a los problemas del sistema penitenciario. Según afirmó, las autoridades deben concentrarse en formular políticas para mejorar las condiciones de los recintos de detención, en lugar de centrarse en disputas políticas.
“En vez de pasar políticas claras de cómo resolvemos el tema del régimen penitenciario, se dedican a hacer politiquería barata”, cuestionó Pachacute, quien también denunció el abandono de carceletas y otras instalaciones públicas.
DATOS EVIDENCIAN VULNERACIONES
Datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, dependiente del Ministerio de Gobierno, refieren que hubo 58 muertes en recintos policiales entre 2016 y 2024, con base en registros de la Policía Boliviana. La falta de información judicial impidió establecer las causas de todos los decesos y determinar a sus responsables.
Asimismo, una investigación periodística de la Agencia de Noticias Fides (ANF), realizada con apoyo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y en alianza con otros medios, documentó 34 casos de muertes ocurridas entre 2010 y 2026. La revisión identificó circunstancias relacionadas con violencia, posibles abusos y vulneraciones de derechos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que atendió 12 casos críticos de vulneración en celdas policiales entre 2021 y 2025: nueve muertes bajo custodia y tres casos de tortura.
Entre los factores identificados figuran las demoras en la atención médica, el agravamiento de enfermedades, el uso excesivo de la fuerza y los posibles actos de tortura o malos tratos. La institución también advirtió sobre la ausencia de protocolos policiales específicos para prevenir muertes bajo custodia, las deficiencias en los registros y la debilidad de los controles internos. (Brújula Digital)