Parte I
En una anterior nota de opinión, se demostró que la energía es un insumo fundamental en la economía y la producción de prácticamente todos los bienes y servicios del mundo moderno. Una energía de calidad y con precios razonables es transcendental para mejorar los niveles de vida de millones de personas. Sin la presencia de calor, luz y electricidad sería muy difícil que funcionen las fábricas, las grandes y pequeñas industrias e incluso las granjas. La energía, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza están estrechamente conectados y es por ello que, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció de manera unánime que “la energía es el hilo conductor que conecta el crecimiento económico con una mayor equidad social y un medio ambiente que permitan que el mundo prospere”.
Es claro que la interacción entre Economía, Energía y Medio Ambiente induce a admitir que a medida que un país crece, mayor energía requiere y viceversa. Por lo tanto, el desafío central está en resolver estas ecuaciones utilizando los recursos energéticos de manera integral, sostenible y competitiva de modo de propugnar crecimiento económico. Ahora bien, considerando la crisis económica nacional, surge la pregunta: los gobiernos de los últimos veinte años… ¿comprendieron esto?
La respuesta es clarísima, pero antes de plantearla en su totalidad cabe hacer un poco de historia: alrededor de los años 1975-1995, Bolivia vio que contaba con una interesante cantidad de reservas probadas, probables y posibles de Gas Natural (GN) y vislumbró que podía comercializarlas favorablemente a países fronterizos como Brasil y Argentina, luego se procedió a certificar los volúmenes y se demostró que era factible exportar GN mediante ductos y se iniciaron negociaciones hasta lograr la firma de contratos, considerándose como el mercado más atractivo el brasileño. Después de años de trabajo y diversos compromisos, finalmente se suscribió el histórico contrato que básicamente establecía a) el volumen de venta, el cual era 30 MM de m3/día, b) el plazo de vigencia que sería de 20 años y c) el precio que estaría fijado a partir del valor promedio de “una canasta” indexada a los precios internacionales del barril de petróleo. Adicionalmente se acordó que cada país debía financiar su parte del ducto en su territorio hasta la frontera.
Una vez que se llegó a los mencionados acuerdos, finalmente se suscribió el contrato, fijándose como año de inicio: 1999 y, por ende, año de conclusión 2019. Aquel contrato también dictaminaba la cláusula “take it or pay it” para Brasil, que básicamente indicaba que, aunque este país no demandase GN por un determinado periodo, igual debía pagar y para Bolivia la cláusula “deliver or pay it” que refería que si por alguna razón no despachaba GN debería pagar una sanción por incumplimiento. En definitiva, esas eran las cláusulas de penalización.
El autor es M.Sc. Ing.