Proyecto de ley busca dar alivio a pequeños prestatarios

El 6 de junio, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley destinado a frenar ejecuciones financieras contra prestatarios de vivienda social y otorgar un alivio temporal a microunidades económicas y de mediana capacidad que atraviesan dificultades de pago, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
Durante una conferencia de prensa, Montenegro explicó que el proyecto plantea suspender durante seis meses las ejecuciones que afectan a familias con créditos de vivienda de interés social, muchas de las cuales ya enfrentan procesos de pérdida de sus inmuebles. Al mismo tiempo, propone un diferimiento por el mismo período de tiempo en el pago de deudas adquiridas por pequeños prestatarios.
“Esta normativa es producto de la evaluación de las condiciones económicas complejas, generadas por más de tres años de bloqueos que han afectado la actividad económica y la gestión del presidente Luis Arce”, dijo.
Añadió que se trata de una medida concreta, diseñada a partir del análisis del impacto económico generado por más de tres años de bloqueos recurrentes y trabas legislativas, que han limitado la recuperación económica de país y frenado la aprobación de políticas clave.
“Este diferimiento no compromete al sistema financiero porque se limita a sectores concretos. La intención es clara: dar un respiro, no desestabilizar”, enfatizó.
Montenegro aclaró que esta propuesta no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras, sino una medida temporal, específica y focalizada, que busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos, sin afectar la solidez del sistema financiero, señala en el boletín de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
“Se quiere evitar que los prestatarios de vivienda de interés social, que actualmente enfrentan ejecuciones financieras y están perdiendo sus viviendas, sufran este tipo de desalojos. El objetivo es detener ese proceso”, precisó.
Ante los pedidos de un nuevo diferimiento, algunos sectores, como los gremialistas, solicitaron el congelamiento del pago de intereses y créditos por un año, debido a la situación económica del país.
El pasado 11 de junio, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación ante las propuestas de establecer un nuevo diferimiento obligatorio en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios.
“Esa medida comprometería la estabilidad del sistema financiero, cuya función esencial es canalizar, con responsabilidad y criterios técnicos, los recursos de millones de ahorristas hacia actividades productivas y necesidades de las familias”, señala parte del comunicado de Asoban.
Sostiene que imponer un nuevo diferimiento, bajo cualquier modalidad, afectaría gravemente la intermediación eficiente de recursos, debilitando la solvencia del sistema y deteriorando la cultura de pagos de los prestatarios.
“Una medida de ese tipo, no resolvería los problemas por lo que atraviesa la población; más bien forzaría una inevitable restricción del crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables, como las microempresas, provocando impactos sociales como el desempleo, la pobreza y la exclusión financiera”, sostiene el comunicado.
Cartera
La cartera de créditos del sistema bancario nacional alcanzó los 29.869 millones de dólares a mayo de 2025, registrando un crecimiento interanual del 5,5%.
Dentro de la cartera total, la reprogramada sumó 4.549 millones, representando el 15% del total. Esta cifra evidencia el respaldo que el sistema bancario ha brindado a los prestatarios que enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones, a través de la reestructuración de sus créditos.
Es importante recordar que muchas de estas operaciones reprogramadas tienen origen en las medidas adoptadas desde la pandemia y algunas de las cuales aún presentan dificultades. Las medidas generalizadas han afectado la cultura de pago, lo cual plantea retos importantes para el sector, señala una nota de prensa de Asoban.
A mayo de 2025, la cartera en mora alcanzó los 950 millones, de los cuales el 62% corresponde a operaciones previamente reprogramadas. Este dato subraya que parte de los desafíos actuales tienen su origen en decisiones adoptadas años atrás, como el diferimiento masivo de créditos, que derivaron en activos improductivos. Pese a que ya han transcurrido casi cinco años, todavía queda un saldo de 784 millones de dólares pendiente de recuperación, asociado a estas operaciones diferidas.
Por el lado de los pasivos, los depósitos del público se situaron en 30.735 millones de dólares, con un crecimiento del 3,0% respecto a mayo de 2024, impulsados especialmente por el dinamismo de las cajas de ahorro.
Asfi
Las reprogramaciones permitieron que los prestatarios afectados por situaciones temporales de iliquidez o reducción de ingresos producto de situaciones adversas, como conflictos y movilizaciones sociales o fenómenos climáticos extremos, puedan contar con un periodo adicional para reorganizar sus finanzas, adecuando el pago de sus créditos a su nueva capacidad de pago, sostiene la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi)
“Como resultado, en los últimos 12 meses se han reprogramado cerca de 78 mil operaciones por un monto superior a 12.000 millones de bolivianos, mientras que se han registrado refinanciamientos por aproximadamente 123 mil operaciones, equivalentes a 10.800 millones”, sostiene.
En diciembre de 2021, las operaciones reprogramadas representaban aproximadamente el 22% de la cartera total, dicho porcentaje se redujo de manera sostenida, hasta ubicarse en 15% a mayo de 2025, señala la nota de prensa de Asfi.
PIE DE FOTO
ministro de economía y finanzas públicas, Marcelo Montenegro. Foto MEyFP