III
Al haber sido rechazado el protocolo, el Gobierno chileno envió una misión diplomática a La Paz para defender los intereses chilenos y exigir el cumplimiento del tratado de 1866. Habiendo fallecido el presidente Agustín Morales, fue reemplazado por don Adolfo Ballivián. En noviembre de 1873, la Asamblea Legislativa reunida en Sucre aprobó un impuesto del 6 % sobre la extracción de minerales en toda la república, lo que afectaba a la explotación de minerales en Caracoles. El representante chileno Walker Martínez advirtió que la aplicación del impuesto podría traer graves consecuencias, como el rompimiento de relaciones entre los dos países, lo que podría traer a su juicio “solo ruina y desprestigio”. Añadía que “la unión es lo que más conviene, para que la industria y el comercio prosperen en el Litoral, para beneficio de los dos países”.
Al Gobierno de Chile no le convenía un rompimiento con Bolivia, puesto que estaba en un serio conflicto de límites con la Argentina, que podría derivar en un conflicto armado, por lo que instruyó a su representante llegar a un acuerdo con el Gobierno de Bolivia. Con el representante boliviano Mariano Baptista decidieron, siguiendo los propósitos de sus gobiernos, en sustituir el tratado de 1866 con uno nuevo. En un muy poco tiempo, redactaron un nuevo tratado, que firmaron el 6 de agosto de 1874. El tratado ratificó al paralelo 24 como límite entre las dos repúblicas y la partición de beneficios de los depósitos de guano que se encontraban entre los paralelos 23 y 24. El artículo cuarto estipulaba que las personas, industrias y capitales chilenos que operaban dentro de estos paralelos, no sufrirían algún aumento en los impuestos por 25 años.
El presidente Ballivián falleció y asumió la presidencia don Tomás Frías. Los sectores políticos que querían llegar al gobierno, tomaron como bandera política la oposición al tratado. El ministro Mariano Baptista tuvo que defenderlo muy acremente en las sesiones a la que fue llamado por la Asamblea Legislativa. Justificó la partición de beneficios, porque era la única solución práctica para conciliar los intereses de los dos países. Justificó el artículo cuarto, con un análisis que hizo de la situación en que se encontraba el Departamento del Litoral, desconectado del territorio nacional y donde “apenas se deja sentir el aliento de la vida civil y política del interior, donde no podemos intervenir ni con los elementales recursos de la vida económica”. Expuso la cruda realidad de la ocupación chilena del Litoral, la poca presencia de población boliviana y la ausencia de capitales bolivianos. Finalmente, el tratado de límites fue aprobado por la Asamblea.
Entre los paralelos 23 y 24, el salitre fue la tercera riqueza que ocasionó el conflicto por el que el gobierno de Chile procedió a ocupar el Departamento del Litoral. Durante el gobierno de Mariano Melgarejo comenzó la explotación del salitre por la sociedad Melbourne Clark y Compañía, constituida por capitales británicos y chilenos. Durante el gobierno de Agustín Morales, la sociedad obtuvo una superficie para explotar salitre, donde se encontraban los yacimientos Salar del Carmen y Las Salinas. Para explotar los dos yacimientos, la sociedad que era de responsabilidad limitada, se convirtió en sociedad anónima con la emisión de bonos en la bolsa de Santiago. La nueva sociedad tomó el nombre de “Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta”.
Antes de que se realizaran las elecciones para elegir al presidente de la república, el general Hilarión Daza apresó al presidente interino Tomás Frías y se declaró presidente. El 10 de febrero de 1878 la Asamblea aprobó un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre explotado por la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. El presidente Daza decidió hacer efectivo el cobro del impuesto, ignorando la nota que el representante chileno presentó, haciendo saber que el Gobierno de Chile “daría por anulado el tratado de 1874, si se insistía en la vigencia del impuesto de 10 centavos”. También ignoró la disposición del Gobierno de Chile de discutir “tranquila y amigablemente para arribar a un acuerdo común y si ello no fuera posible, habría llegado la oportunidad de entregar el punto controvertido al fallo de una potencia amiga”. Desdeñó también la oferta de Aniceto Arce de construir un ferrocarril que uniese el Litoral con el interior del país, lo que Arce hizo cuando el Litoral ya estaba en poder de Chile.
El Gobierno ordenó al prefecto de Antofagasta Severino Zapata, a hacer efectivo el cobro del impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitres. El cobro no se hizo efectivo y el prefecto procedió al embargo y al remate de los bienes de la compañía. El prefecto Zapata advirtió al gobierno de la imposibilidad de realizar el remate, de las acciones agresivas de la población chilena y la inminente intervención de Chile, por “las destempladas notas que se han cambiado con el cónsul de Chile, … y por la presencia en nuestras costas de un buque de guerra”. A pesar de estas advertencias, el prefecto fue conminado, por decisión del presidente, de llevar a efecto todos los efectos del juicio coactivo, hasta obtener la adjudicación de los bienes de la compañía a favor del fisco. Finalmente, el gobierno dispuso la rescisión del contrato con la Compañía de Salitres, creyendo que, no habiendo contrato, no había a quién cobrar el impuesto. No habiendo impuesto, no había violación del tratado de 1874 y no cabría alguna intervención del Gobierno de Chile, pero éste ya había decidido la ocupación de Antofagasta.
Oscar Espinosa García es ingeniero civil.
Blog: HISTORIA, TRANSPORTES Y DESARROLLO