Niegan que proyecto aprobado en el Senado afecte derechos de padres

Respondiendo a los cuestionamientos sobre el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio y la unión libre con menores de 18 años, recientemente aprobada por la Cámara Alta, la senadora Virginia Velasco aclaró que dicha normativa no elimina ni afecta la patria potestad que ejercen los padres sobre sus hijos, como algunos sectores afirmaron de manera errónea.
“La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que los padres tienen para garantizar el desarrollo integral de sus hijas e hijos, y no incluye la potestad de forzar un matrimonio que ponga en riesgo la vida y el futuro de adolescentes”, aclaró la legisladora.
Velasco explicó que el proyecto de ley responde a una “realidad dolorosa en Bolivia”, donde muchas adolescentes son obligadas a unirse en matrimonios o convivencias, incluso tras ser víctimas de violencia sexual y frecuentemente con hombres mucho mayores.
Así también, desmintió que el proyecto tenga relación alguna con temas de identidad de género o reasignación de sexo, como sectores trataron de insinuar, “su único objetivo es claro y específico: proteger a las niñas y adolescentes de uniones forzadas o prematuras que las exponen a vulneraciones de derechos humanos”.
La propuesta legislativa elimina las excepciones actuales que permiten el matrimonio a los 16 o 17 años con autorización de los padres, el tutor o la Defensoría de la Niñez, elevando de forma absoluta la edad mínima a los 18 años. De esta manera, Bolivia sigue las recomendaciones internacionales, que consideran el matrimonio de niñas y adolescentes una violación a los derechos humanos, al exponerlas a mayores riesgos de violencia, embarazos forzados, abandono escolar y perpetuación de la pobreza.
“Pedimos a la población no dejarse confundir. Esta ley no les quita derechos a las familias; al contrario, protege a nuestras niñas y adolescentes y les da la posibilidad de construir un futuro digno, libre de violencia y sin cargas impuestas a su corta edad. Es nuestro deber como Estado y como sociedad cuidar sus derechos y abrirles caminos de esperanza”, concluyó Velasco.