La opinión pública con frecuencia reprocha que la actual Asamblea Legislativa persista en obrar por mezquinos intereses partidarios, tanto del MAS arcista como de los masistas evistas y los de oposición. A simple vista, se observa fracturas internas en tales agrupaciones políticas, por lo que no es raro que surjan conflictos y actitudes que son motivo de ataques vehementes entre unos y otros.
Por ello cuando en la Cámara de Diputados había enfrentamientos verbales y hasta físicos por el dilema de tratar primero la aprobación de créditos externos o el caso de la prórroga de magistrados cuya gestión había finalizado, se logró llevar adelante una votación secreta para dar vía libre a préstamos foráneos para el país. Tal resultado, que fue posible con los votos de los arcistas y de otros asambleístas “opositores”, reveló discrepancias dentro de Comunidad Ciudadana, cuya jefatura dio a conocer una nómina de acusados por votar a favor del partido oficialista. Por su parte, los 11 sindicados de haberse vendido también hicieron acusaciones y uno de ellos manifestó que “no sabe si existe un rodillo azul con franjas naranjas o un rodillo naranja con franjas azules”.
Tal es la conducta de asambleístas que más se dedican a la confrontación, a velar por intereses partidarios y no a legislar para favorecer a la población en general, que espera soluciones para los graves problemas que ahora soporta, como el encarecimiento de la canasta familiar, los constantes bloqueos de caminos que perjudican a productores y consumidores, la destrucción del medio ambiente por avasalladores y mineros ilegales, el desempleo, la escasez de dólares, la migración de compatriotas y empresas, etc., etc.
Lo cierto es que, en más de 15 años, el primer órgano del Estado, dedicó mucho tiempo a aprobar leyes insulsas o con simples enunciados demagógicos. Por otra parte, cuando el MAS tenía los dos tercios se daba por aprobados todos los proyectos provenientes del Ejecutivo, que a su vez enviaba las normas elaboradas por costosas consultorías. También se incurría en reiterar disposiciones contenidas en la Constitución Política y en leyes anteriores. Por tan poco trabajo, en general, la opinión pública considera que es exagerado el gasto que implica el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, afectando a la economía nacional, si se suma lo que se paga a cada senador y diputado cada mes. Sus elevados salarios y otros beneficios implican una sangría financiera para el Estado, sin que reciba a cambio una legislación a favor de todos los bolivianos. Sin duda, este gasto en sueldos es excesivo en momentos de difícil situación económica, como la actual, cuando se debería destinar recursos económicos a atender otras necesidades en el país.
De seguir obrando de manera irresponsable los legisladores, se debería pensar en hacer cambios profundos para que, en el futuro próximo, verdaderamente lleguen a ese principal órgano del Estado personas capacitadas para legislar y, más que todo, con espíritu patriótico.
Cuestionable gestión parlamentaria actual
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