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Cuando el fiscal y el juez acaban en la misma causa

Oscar G. Barrientos Jiménez

Creí que el fiscal investigaba y el juez juzgaba. El caso Maletas nos obliga a revisar esa elemental distribución de tareas, que nos enseñan desde la universidad, pues según las condenas reportadas, Julio César Porras, exfiscal que intervino en la investigación, y Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, recibieron tres años por organización criminal. Extraordinaria manera de acercar la justicia al delito: desde adentro.
No me interesa convertir esta tragedia institucional en una colección de apellidos. Me interesa saber qué pasó con las pruebas que recibió Porras, las diligencias que ordenó y las que dejó pendientes. Que el investigador termine condenado dentro del propio caso exige revisar su actuación. Su sentencia no vuelve innecesarias esas preguntas; las vuelve urgentes.
En Quezada, la contradicción alcanza a quien encabezó la justicia departamental. Comprendo la pregunta ciudadana: ¿con qué autoridad moral podía contribuir a juzgar conductas semejantes? Pero pediría algo más útil que una indignación pasajera, me refiero a comprobar si su posición o sus relaciones de poder afectaron decisiones judiciales para encubrir delitos.
Los antecedentes no invitan al optimismo. En el Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, Bolivia ocupó el puesto 131 de 142 países; en justicia penal y ausencia de corrupción, el 141. Cito el año porque no presentaré cifras antiguas como actuales, sin embargo, aquel diagnóstico ya era suficientemente incómodo y demuestra que el problema estructural no empezó cuando aparecieron estas maletas.
Veo motivos serios para investigar una corrupción enraizada. No para acusar a todos los fiscales y jueces, ni para aceptar, sin examen, la cómoda explicación de dos funcionarios descarriados. ¿Quién supervisaba? ¿Hubo advertencias? ¿Qué controles fallaron? No puedo confiar en una supuesta limpieza que cambia al ocupante de la oficina y conserva las llaves del negocio.
Es urgente encarar reformas legales sobre la base de la selección por méritos, una comisión autónoma de postulaciones, carrera judicial y financiamiento suficiente. Pero exigiría concursos públicos, impugnaciones y controles sobre quienes seleccionan. Una comisión sin vigilancia puede convertirse en otra ventanilla del cuoteo. Y discutiría el mínimo presupuestario del 3% propuesto con costos y metas, pues más dinero sin control también puede financiar mejor la misma estructura de corrupción.
También revisaría cómo formamos abogados. No sostengo que las universidades formen delincuentes; cuestiono una enseñanza que separe la destreza procesal de la responsabilidad ética. Saber utilizar un procedimiento no basta si se normaliza convertir el conflicto ajeno en una oportunidad de abuso o enriquecimiento muchas veces ilícito.
Para mí, recuperar la justicia empieza cuando el ciudadano puede denunciar sin buscar contactos y confiar sin deber favores, ni ser extorsionado. Si reemplazamos a las personas que abusan de su cargo para cometer delitos, pero dejamos intactas las condiciones que pudieron facilitar sus conductas, solo habremos cambiado los nombres del problema.

El autor es Abogado – Máster en Derecho Constitucional.

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