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Antes de las credenciales

Antonio Vargas Ríos

Washington ha elegido un perfil elocuente. Kara Frederick, nominada por Donald Trump como embajadora en Bolivia y pendiente de confirmación del Senado, trabajó seis años en contraterrorismo para el Pentágono, fue desplegada tres veces en Afganistán y actuó como enlace con la Agencia de Seguridad Nacional. Ese currículum también es un mensaje que el presidente Paz Pereira debe leer atentamente.
La cordialidad diplomática no equivale a confianza institucional. En septiembre, Trump reconoció la cooperación con Rodrigo Paz, pero mantuvo a Bolivia entre los países que incumplieron sustancialmente sus compromisos antidrogas. Advirtió que la corrupción facilita el narcotráfico y obstruye las investigaciones. El acercamiento abre una oportunidad; la confianza exige resultados.
Bolivia reúne producción, tránsito y almacenamiento de drogas, además de un mercado interno de consumo. Su conexión con Perú, Brasil y los corredores del Cono Sur le concede valor logístico. Para una administración que considera a los cárteles amenazas a su seguridad nacional, ese territorio importa por su utilidad para organizaciones capaces de mover cargamentos, dinero y violencia entre países.
El riesgo aumenta cuando el negocio encuentra protección institucional. Un cargamento necesita rutas; una organización duradera necesita impunidad. La condena en Estados Unidos de un exjefe antidrogas boliviano y las investigaciones que alcanzan las cumbres fiscales y judiciales obligan a examinar esa relación. La credibilidad institucional se desmorona cuando sus autoridades aparecen investigadas por proteger el delito.
El ataque armado contra el exfiscal Alberto Zeballos en El Abra expone esa fragilidad. Un investigado por presunta protección al narcotráfico fue atacado dentro de una cárcel de máxima seguridad. El móvil sigue bajo investigación, pero la falla de custodia está a la vista. El Estado debe preservar la vida de quienes procesa y las condiciones para esclarecer los hechos. ¿Qué garantía ofrece si ni siquiera controla las armas dentro de sus prisiones?
La capacidad de mando de Paz se prueba en ese terreno. Su voluntad de cooperar debe traducirse en órdenes que se cumplan, controles que funcionen y responsabilidades que se determinen. La Policía debe investigar sin vender información; el Ministerio Público, sostener acusaciones con evidencia; los jueces, resolver sin convertir el procedimiento en refugio de impunidad. La eficiencia exige emplear bien los recursos; la eficacia, desarticular las redes. Contar detenidos dice poco si sobreviven el financiamiento y las protecciones.
Ahí cobra sentido el perfil de Frederick. Su experiencia en inteligencia y contraterrorismo resulta pertinente para una relación en la que será necesario evaluar amenazas, identificar vulnerabilidades y contrastar promesas con capacidades. Su nominación admite una lectura política: Washington quiere acercarse, pero necesita saber con quién puede contar y hasta dónde llega el control efectivo del Gobierno. Capturar a un criminal y desmantelar su red son logros distintos.
Bolivia puede celebrar el acercamiento diplomático. Haría bien en preguntarse también por qué el perfil escogido está tan ligado a la seguridad. La soberanía exige que el Estado gobierne su territorio, controle sus cárceles y evite que la justicia tenga precio. Washington extiende la mano, pero mantiene abierto el expediente. Antes de las credenciales, está pendiente la confianza.

El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.

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