En una consulta con el oftalmólogo, 20/20 indica agudeza visual normal. En una campaña electoral, 50/50 puede indicar algo muy distinto: la facilidad para ofrecer lo que todavía no se sabe cómo cumplir. Rodrigo Paz prometió repartir los recursos del Estado por mitades. El problema aparece cuando contrastamos la claridad del anuncio con la capacidad necesaria para ejecutarlo.
El 24 de marzo de 2025, en una entrevista con un matutino paceño, anunció que el 9 de noviembre enviaría un presupuesto reformulado para destinar a las regiones Bs 70.000 millones de los Bs 140.000 millones que utilizó como referencia. Había una cantidad, un instrumento y una fecha. El candidato hablaba con la seguridad de quien ya había hecho las cuentas.
En abril, entrevistado por un matutino sucrense, reiteró que la mitad de los recursos estatales iría a las regiones y anunció la medida para el día siguiente de asumir la Presidencia. La insistencia importa: impide presentar hoy aquella oferta como una aspiración remota que los electores interpretaron apresuradamente. La urgencia fue puesta por el propio candidato.
Sin embargo, gobernar exige distinguir entre presupuesto, ingresos disponibles, obligaciones y competencias. Transferir recursos implica establecer quién pagará los servicios, cómo se distribuirá el dinero entre territorios desiguales y qué responsabilidades conservará cada nivel. Una mitad puede resultar insuficiente para las obligaciones que recibe; la otra puede seguir financiando funciones que supuestamente fueron descentralizadas. La simetría del eslogan no resuelve ninguna de esas preguntas.
El 4 de marzo de 2026, ya presidente, Paz explicó que el 50/50 necesitaba metodología, responsabilidades compartidas y cambios estructurales. Mencionó cerca de sesenta leyes y más de cuarenta decretos que debían eliminarse. Esa explicación presidencial deja expuesta la ligereza electoral: ¿cómo pudo ofrecer para el día siguiente de su posesión una transformación que requería semejante trabajo previo? La metodología debía respaldar la promesa antes de buscar votos.
Hoy se propone que las gobernaciones reciban desde 2027 un 1% de los impuestos nacionales. Sería incorrecto restar ese porcentaje al cincuenta prometido: las bases de cálculo y los destinatarios son diferentes. Precisamente por eso corresponde exigir una explicación completa. ¿Qué parte del compromiso se está cumpliendo, cuánto falta y en qué plazo se alcanzará?
El Gobierno registra acuerdos y medidas de alivio financiero dentro de su Agenda 50/50. Esos avances deben ser evaluados. Pero acumular reuniones y compromisos parciales tampoco demuestra que exista una ruta capaz de conducir al resultado anunciado. La impericia aparece cuando el presidente necesita construir, durante la ejecución, las respuestas que el candidato presentó como resueltas.
Descentralizar Bolivia merece un proyecto serio. Reducir el centralismo requiere conocer el Estado que se pretende transformar. El contraste entre la promesa inmediata y la posterior búsqueda de metodología revela cuánto se ofreció sin suficiente preparación. La crisis tampoco apareció después de las elecciones: era la razón invocada para pedir el voto.
El candidato veía con nitidez los beneficios electorales del 50/50. El presidente todavía debe demostrar que sabe cómo llevarlo a la práctica. En las próximas elecciones convendrá tener visión 20/20 para distinguir entre quien sabe hacer las cuentas y quien solamente sabe ganar votos.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.
