De un tiempo a esta parte, los medios de comunicación informan sobre asesinatos cometidos por sicarios de organizaciones criminales extranjeras y nacionales, causando pánico y terror en el pueblo boliviano por sus ejecuciones impresionantes, incluso dejando mensajes amenazando a autoridades del gobierno boliviano. La detención de ellos no soluciona tan grave situación, porque después de unos días, hay jueces que ordenan su libertad y vuelven a delinquir. Lo peor es que los autores intelectuales que pagaron a sus sicarios para matar, quedan libres, encubiertos e impunes.
Tal realidad, muestra a todas luces que la lucha contra el sicariato, el crimen organizado y el narcoterrorismo, fracasó rotundamente. Se debe entender que sicario es: una persona que mata a alguien por encargo a cambio de una compensación económica u otro tipo de beneficio material (RAE), Es decir, los sicarios asesinan porque el jefe o capo de la organización criminal les paga. Jefe que, por la definición del Art. 20 del Código penal, es el autor intelectual y principal responsable de los delitos cometidos por sus sicarios.
Al presente, no se conoce algún proyecto de ley, plan ni estrategia para luchar contra el sicariato. En consecuencia, se están normalizando sus hechos criminales, pese a que la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su Art. 30 inc. 3), respecto a la atribución del Fiscal general para afrontar la criminalidad, dice: “Determinar en coordinación con los Órganos del Estado, la política criminal del país”, y no obstante a que la Constitución Política del Estado en su Art. 184. 6) sobre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia manda: “Preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Violar esas atribuciones, constituye delito de “incumplimiento de deberes”, tipificado en el Art. 154 del Código penal. Pero nadie fue sancionado.
Por ello, no hay seguridad ciudadana y el pueblo está a merced de su suerte, sin saber qué hacer, peor si tal criminalidad está vinculada al narcoterrorismo que pretende penetrar en la administración de las instituciones públicas del Estado, poniendo en riesgo la soberanía y seguridad de Bolivia, que sería lamentable para la Patria.
Sobre el crimen organizado, Nayib Armando Bukele O., presidente de El Salvador, cumpliendo sus promesas, con su Plan Control Territorial (Proyecto CUBO) combatió a las maras y crimen organizado, reduciendo asesinatos, desapariciones y la corrupción, defendiendo los intereses nacionales. Ese plan adecuado a la realidad boliviana, con el trabajo eficiente del personal de inteligencia y contrainteligencia del Estado, sería útil.
Si las autoridades competentes no detienen ni sancionan a los autores intelectuales que pagan a sus sicarios para que maten, seguirá reinando el crimen organizado, la inseguridad ciudadana se agravará, y la soberanía del Estado podría desaparecer, por el poder del narcoterrorismo.
Sobre la criminalidad de los sicarios y sus autores intelectuales, conviene leer las muertes investigadas por David Yallop en su libro “En nombre de Dios”, y “Derecho penal del enemigo” de Günther Jakobs.
El autor es abogado.