La División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reconoce y enfrenta nuevos desafíos ante el crecimiento de los delitos informáticos y la evolución tecnológica, lo que exige mayor personal especializado y el fortalecimiento de herramientas actualizadas, mientras algunas víctimas abandonan las denuncias y no se precisan cifras sobre los casos resueltos, según informó la jefa de la División de Investigación de Delitos Informáticos – Cibercrimen, Paola Singuri Vera, en entrevista con EL DIARIO.
La autoridad explicó que la unidad recibe denuncias por el acceso no autorizado a cuentas de WhatsApp y otras plataformas digitales, cuyos responsables utilizan para contactar a familiares y conocidos de las víctimas y solicitarles dinero. Entre las modalidades identificadas mencionó la obtención del código de verificación mediante engaños y el envío de enlaces para acceder a las cuentas.
Cuando se formaliza una denuncia, Cibercrimen coordina con el Ministerio Público para determinar las características del hecho y desarrollar las investigaciones. Singuri explicó que el acceso no autorizado a una cuenta puede constituir manipulación informática, mientras que cuando se concreta una transferencia económica producto del engaño, el caso es considerado una estafa digital y corresponde a la División de Delitos Económicos Financieros.
En estos procedimientos, Cibercrimen brinda apoyo mediante búsquedas de información con herramientas OSINT (Open Source Intelligence), que significa inteligencia de fuentes abiertas y consiste en recopilar y analizar información disponible públicamente para encontrar datos que contribuyan a una investigación. También orienta a los fiscales para gestionar requerimientos ante empresas telefónicas y entidades bancarias, con el propósito de identificar a los involucrados y establecer el destino del dinero.
Sin embargo, cuando fue consultada sobre los resultados obtenidos en las investigaciones y si se había logrado identificar a los responsables de las sustracciones económicas, la capitana reconoció que existen personas identificadas, pero no proporcionó cifras concretas sobre los procedimientos.
“Sí, pero eso ya es un procedimiento que, como le decía en algún momento, yo no le podría dar un dato total, porque esto también depende de otra división”, respondió.
De esta manera, durante la entrevista no se precisó cuántas personas fueron aprehendidas, cuántos casos llegaron a resolverse ni qué cantidad de víctimas consiguió recuperar el dinero sustraído. La autoridad explicó que parte de estos procedimientos corresponde a otra división policial, debido a que las investigaciones por transferencias fraudulentas no son competencia exclusiva de Cibercrimen.
DENUNCIAS ABANDONADAS
Otro de los problemas reconocidos por Singuri es que algunas víctimas formalizan sus denuncias, pero posteriormente abandonan los procesos, principalmente cuando las cantidades económicas sustraídas son pequeñas.
“Sí, le comento que sí han venido, han formalizado la denuncia, pero al hacer el seguimiento debido, muchos han desertado, han preferido dejarlo ahí”, señaló.
La capitan explicó que esta situación perjudica las investigaciones, porque la información proporcionada por las víctimas permite conocer las modalidades utilizadas y establecer posibles conexiones entre diferentes hechos. Añadió que los delincuentes aprovechan esta circunstancia para sustraer pequeñas cantidades de dinero a varias personas, con la expectativa de que no continúen con las denuncias.
“Hemos visto que el modus operandi, entre los muchos que hay, es que tratan de generar ese saqueo de monto económico bajo para que justamente las personas deserten, tomando en cuenta de que sí”, manifestó.
Como ejemplo, explicó que los responsables pueden sustraer 200 bolivianos a distintas víctimas, una cantidad que individualmente podría parecer poco significativa, pero que acumulada entre diez personas representa 2.000 bolivianos.
“Es diferente que a una persona le saquen de su cuenta bancaria 5.000 bolivianos, que se va a preocupar por tratar de recuperar eso, a que le saquen 200 bolivianos”, sostuvo.
Respecto a la procedencia de estos hechos, Singuri indicó que, según las investigaciones, muchos de los responsables operarían desde el exterior del país y utilizarían a terceras personas para recibir o transferir el dinero obtenido mediante las estafas. Estas personas son conocidas como “mulas” y pueden ser utilizadas como intermediarias sin conocer necesariamente que participan en movimientos económicos vinculados a actividades delictivas.
“En realidad nosotros hemos identificado que la mayoría de los casos no vienen a nivel Bolivia”, afirmó. También aclaró que no es posible atribuir todos los hechos a un lugar específico mientras continúan las investigaciones.
La autoridad mencionó además antecedentes relacionados con el hallazgo de chips telefónicos en recintos penitenciarios, que presuntamente habrían sido utilizados para desarrollar prácticas de ingeniería social y obtener información de las víctimas.
A estas modalidades se suma la utilización de criptomonedas, una práctica que, según la capitana, estaría comenzando a adoptarse en Bolivia para dificultar el seguimiento de las transferencias económicas.
Asimismo, advirtió que estos delitos no se limitan a WhatsApp, pues también se han registrado casos relacionados con Telegram, Messenger e Instagram. Incluso mencionó situaciones en las que, después de recuperar una cuenta de WhatsApp, los delincuentes continuaron solicitando dinero mediante otras redes sociales de la víctima.
LIMITACIONES
Durante la entrevista, Singuri reconoció que en la División de Cibercrimen resulta necesario continuar fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas, mediante la actualización de equipamiento especializado, la capacitación permanente para fortalecer las investigaciones.
“Nosotros tratamos de no limitarnos en base a lo que nosotros sabemos y a lo que tenemos, pero estamos tratando de buscar el apoyo necesario desde lo más alto, que en este caso es el Ministerio de la Presidencia, hasta entidades más cerradas, por así decirlo, privadas”, sostuvo.
La autoridad también reconoció que la cantidad de efectivos especializados es reducida a nivel nacional frente al avance significativamente de la tecnología y que La Paz concentra la mayor cantidad de personal que trabaja en esta área.
Explicó que buscan apoyo de instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales para conseguir capacitación y equipamiento tecnológico. Asimismo, indicó que se realizan coordinaciones para fortalecer el respaldo normativo de la unidad, que actualmente trabaja principalmente con los artículos 363 bis y 363 ter del Código Penal, referidos a manipulación informática y uso indebido de datos.
En ese marco, mencionó que se desarrollan coordinaciones para impulsar proyectos relacionados con el ciberbullying, los ciberataques y la violencia digital, con el propósito de ampliar las posibilidades de intervención frente a nuevas problemáticas del entorno digital.
En cuanto a la recuperación de las cuentas, explicó que existen dos escenarios. Cuando los delincuentes obtienen únicamente el código de verificación, pero no modifican el correo electrónico asociado, la recuperación puede realizarse de manera inmediata. En cambio, cuando activan la verificación en dos pasos y cambian el correo, el procedimiento se vuelve más complejo y requiere mayores gestiones.
La capitana aseguró que incluso en estos últimos casos es posible recuperar las cuentas y relató que un familiar suyo atravesó una situación similar, en la que consiguieron identificar a una persona involucrada y realizar las gestiones correspondientes.
Añadió que estos procedimientos pueden prolongarse porque los servidores de WhatsApp y otras plataformas no se encuentran en Bolivia, por lo que deben cumplirse protocolos para solicitar información.
Finalmente, recomendó a las víctimas advertir inmediatamente a sus familiares, amigos y contactos sobre el hackeo, debido a que los delincuentes pueden utilizar sus identidades para solicitar dinero y generar nuevas víctimas. También pidió acudir a la División de Cibercrimen para formalizar la denuncia, incluso cuando las cantidades sustraídas sean pequeñas.
Singuri aseguró que la atención de la Felcc es gratuita y está disponible las 24 horas. Además, indicó que la unidad está abierta a recibir denuncias y brindar asistencia a personas de otros departamentos mediante sus canales de atención.
