En enero de este año, durante la inauguración del Año Judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, agradeció públicamente al fiscal general Roger Mariaca por su compromiso con la defensa de la institucionalidad. Lo hizo ante el presidente del Estado y otras autoridades, después de que el Ministerio Público interviniera en una investigación sobre una presunta maniobra para apartar a una magistrada.
Diez meses después, Mariaca está detenido preventivamente, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Saucedo ha salido de Bolivia con su familia y afirma que su libertad y sus vidas corren peligro. Denuncia que el poder político utiliza la justicia para perseguir a quienes lo cuestionan y advierte que podrían fabricar pruebas en su contra.
La escena es reveladora: dos de las más altas autoridades llamadas a proteger la legalidad se encuentran hoy en el centro de una crisis que golpea la credibilidad de las instituciones que dirigían.
El problema de la justicia boliviana no termina con un fiscal detenido ni con un magistrado fuera del país. Empieza a verse con mayor claridad cuando quienes se presentaban como defensores de la institucionalidad terminan envueltos en sospechas, acusaciones y denuncias cruzadas. Bolivia necesita saber qué ocurrió, pero también impedir que la caída de unos sirva para instalar la obediencia de otros.
Saucedo había presentado en octubre su renuncia a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, con efecto previsto para enero de 2027. Su salida del país, sin embargo, no significa —según él mismo ha aclarado— que renuncie a su condición de magistrado. Mientras denuncia persecución desde el exterior, sostiene que conserva el mandato que recibió en las urnas.
Tiene derecho a denunciar cualquier amenaza y a exigir garantías para él y su familia. Sus acusaciones deben ser investigadas. Pero la ciudadanía también tiene derecho a preguntarle por sus decisiones, por sus relaciones institucionales y por las señales que dio mientras estuvo al frente del máximo tribunal de la justicia ordinaria.
Su respaldo público a Mariaca no demuestra que ambos hayan cometido un delito ni que Saucedo conociera las conductas que hoy son investigadas. Sí demuestra que el presidente del Tribunal Supremo presentó al Fiscal General como un aliado en la defensa de la institucionalidad. ¿Qué valoración hace ahora de ese respaldo? ¿Qué controles funcionaron y cuáles fallaron mientras ambos ocupaban posiciones decisivas en el sistema de justicia?
Hay otras actuaciones que merecen explicaciones. En agosto, después del ataque contra Nadia Beller, Saucedo reconoció que mantenía una amistad con ella y anunció que se había instruido al juez a cargo del caso que no declarara la investigación en reserva. La víctima tenía derecho a protección y a una investigación diligente. Pero, ¿correspondía que el presidente del TSJ, además amigo de la víctima, anunciara una instrucción sobre una decisión que debía adoptar el juez del caso? La independencia judicial también se pone a prueba dentro del propio Órgano Judicial.
Las explicaciones también alcanzan al Gobierno. Su vocero dijo que la salida de Saucedo lo tomó por sorpresa y que, hasta donde sabía, no había investigaciones en su contra. El Fiscal General interino habló después de procesos abiertos en Santa Cruz, sin precisar sus detalles. Un viceministro fue más lejos y vinculó públicamente la salida del magistrado con el caso Mariaca. ¿Se trata de desinformación, descoordinación o de antecedentes que todavía no se han dado a conocer? La ciudadanía merece una respuesta. Y si el Gobierno tiene pruebas de una relación ilícita, debe presentarlas ante las autoridades competentes: una acusación pronunciada desde el poder no puede sustituir a una investigación.
La podredumbre de la justicia boliviana no comenzó con Mariaca ni puede atribuirse sin pruebas a todos los miembros de un tribunal. Se alimenta de una larga práctica en la que el poder, las amistades, las presiones y las sospechas de corrupción rodean decisiones que deberían responder únicamente a la ley. Cada nuevo escándalo encuentra a la ciudadanía con menos confianza y con más razones para preguntarse quién protege sus derechos.
La Sala Plena del TSJ ya eligió a un magistrado para asumir la presidencia en enero. Su designación no demuestra subordinación a nadie, pero tampoco constituye, por sí sola, una garantía de cambio. Tendrá ante sí la responsabilidad de mostrar que la independencia judicial no es una consigna que se pronuncia al tomar posesión, sino un principio que se defiende cuando el poder exige favores, cuando los amigos esperan protección y cuando los propios colegas deben rendir cuentas.
La caída de una autoridad y la elección de otra no pueden presentarse como una reforma. Es indispensable investigar con seriedad las decisiones, los vínculos y las posibles redes de protección en la Fiscalía y en el Órgano Judicial; hacer públicos los resultados y establecer responsabilidades individuales con pruebas.
Al mismo tiempo, el Gobierno debe entender que combatir la corrupción no le otorga derecho a apropiarse de la justicia. Si conoce irregularidades, debe denunciarlas y demostrar lo que afirma. Y si impulsa una transformación, debe ofrecer garantías de que los nuevos guardianes no serán escogidos para obedecer a otros dueños.
Esa es nuestra posición: ninguna protección para los corruptos, ninguna condena sin pruebas y ninguna justicia genuflexa ante el poder político.
Una democracia no se fortalece cuando sus autoridades se declaran campeonas de la justicia. Se fortalece cuando también ellas deben responder ante la ley.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.