Sin duda, una de las mayores preocupaciones de la mayoría de la población es que los actuales gobernantes se esmeren en encontrar fórmulas para sacar a Bolivia de la crítica situación en la que se encuentra. Al respecto, no se puede olvidar que el país ha quedado en ruinas después de veinte años de funestos gobiernos del MAS, los cuales han provocado una crisis política, económica y social, principalmente, por su afán de imponer políticas populistas y favorecer a sus seguidores con la finalidad de mantenerse en el poder por tiempo indefinido.
Ante tanto desbarajuste y pésima administración de la economía nacional durante las dos décadas anteriores, hoy el gobierno de Rodrigo Paz Pereira se enfrenta a una serie de graves problemas, muchos de los cuales no son fáciles de resolver. En particular, porque va a costar mucho esfuerzo desmontar una maquinaría enquistada en organismos estatales, instalada para favorecer los intereses del masismo.
Sin embargo, la población demanda, a casi un año de gestión del gobierno de Paz, la aplicación de medidas para que el país ingrese a la senda de la recuperación en todo sentido. Por ello surgen desde la opinión pública sugerencias para dar los primeros pasos en esa dirección. Lo primero que se pide es modificar o cambiar totalmente el contenido de la actual Constitución Política vigente, elaborada en 2009 de manera cuestionable y que ha sido diseñada para favorecer principalmente los objetivos mezquinos del Movimiento al Socialismo.
No se puede negar que mientras esté vigente dicha Carta Magna, será muy difícil aplicar las medidas que demanda la población para resolver problemas tan graves como la pérdida de la principal fuente de recursos del país, es decir la producción de gas, así como la disminución de reservas monetarias, la escasez de dólares, la parálisis del aparato productivo, el desempleo creciente, el alarmante crecimiento de actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico, el saqueo del oro, la destrucción de reservas naturales, entre muchos otros.
Ante tan complicada situación, los gobernados esperan de los actuales gobernantes celeridad y capacidad para hallar soluciones, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa sea oportuno el tratamiento de normas tan importantes como la Ley de Inversiones para atraer capitales externos; la Ley de Hidrocarburos, pues cada vez está más cerca una crisis energética por el agotamiento de los yacimientos gasíferos; así como una Ley de Minería, para regular las actividades, de organizaciones como las cooperativas, muchas de las cuales han dejado de tener esa característica y actúan hoy como empresas, por lo que deben tributar como tales.
Y de parte del Ejecutivo, se espera que cumpla las promesas hechas por sus líderes durante la pasada campaña electoral y no se limite a recurrir a préstamos de organismos internacionales, que implican aumentar la deuda externa y el pago de intereses.
Por lo mencionado y más, queda mucho por hacer, para que la mayoría de la población vislumbre próximamente mejores condiciones de vida.