El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció que el Gobierno solicitó cooperación internacional para realizar una auditoría técnica al sistema de radares del país, con el objetivo de conocer las condiciones en las que funcionan los equipos y establecer qué mejoras requieren para fortalecer el control del espacio aéreo y la lucha contra el narcotráfico.
La evaluación estará a cargo de especialistas internacionales que deberán elaborar un diagnóstico independiente sobre el estado de los dispositivos, sus limitaciones técnicas y las necesidades comerciales para mejorar su rendimiento. La intención es contar con información especializada antes de definir nuevas acciones relacionadas con el sistema.
“Los radares están funcionando. Nosotros teníamos dos operativos sin problemas, teníamos nueve operativos con observaciones y dos que no funcionaban. Los operativos sí están activos, pero no como quisiéramos que funcionen”, explicó Justiniano al detallar la situación de los equipos.
El sistema cuenta con 13 radares: dos funcionan sin observaciones, nueve presentan problemas o deficiencias y otros dos están fuera de servicio. La auditoría deberá establecer las condiciones reales de cada equipo y determinar cuáles son los requerimientos para alcanzar las capacidades que necesita el país.
El titular de Defensa también señaló que se busca obtener una evaluación que permita identificar las diferencias entre el funcionamiento actual y el nivel que debería alcanzar el sistema. En ese sentido, expresó que el diagnóstico técnico será una referencia para definir las necesidades pendientes.
“Queremos nosotros tener una especie de veredicto que nos diga dónde estamos ahora y dónde podríamos estar”, sostuvo.
La revisión también está vinculada a las investigaciones judiciales sobre la adquisición del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta), cuyo contrato fue firmado en 2016 con la empresa francesa Thales por un monto superior a los 191 millones de euros.
Sobre este proceso, Justiniano indicó que el Ministerio de Defensa aguarda el avance de las actuaciones judiciales antes de definir nuevas medidas respecto al contrato. Una vez que se cuente con el diagnóstico técnico y existan avances en la investigación, se analizará la situación con la empresa involucrada o con otras compañías para establecer las acciones correspondientes.
En el marco de este caso, el exministro de Defensa Edmundo Novillo cumple detención domiciliaria, determinación que fue apelada por el actual Ministerio de Defensa. Justiniano señaló que la institución lleva adelante esta actuación dentro de los procedimientos legales y en respeto al debido proceso.
La denuncia presentada por el Gobierno alcanza también a otros exministros y apunta a un presunto daño económico superior a los 1.478 millones de bolivianos por las irregularidades investigadas en el proyecto de los radares.