Gobierno exige coordinación y requisitos para otorgar asistencia

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, convocó a los tres niveles del Estado a coordinar esfuerzos para atender la emergencia por sequía que perjudica a más de 114.000 familias en Bolivia y recordó que alcaldías y gobernaciones deben cumplir los procedimientos establecidos para solicitar asistencia humanitaria.
La autoridad señaló que la declaratoria de Emergencia Nacional, establecida mediante el Decreto Supremo 5759, exige una respuesta conjunta de las instituciones responsables de agua, salud, producción, infraestructura, medio ambiente y economía, además de los gobiernos departamentales y municipales.
“Esta no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Defensa”, afirmó Justiniano, quien pidió a gobernadores y alcaldes identificar los daños, evaluar las necesidades y emitir sus propias declaratorias de emergencia o desastre cuando la magnitud de los acontecimientos lo justifique.
Según el reporte oficial al 29 de octubre, la sequía perjudica a 114.048 familias en 63 municipios de seis departamentos. De ese total, 78.217 están clasificadas como afectadas y 35.831 como damnificadas.
El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, explicó que, para solicitar ayuda por sequía, las alcaldías deben identificar a las familias perjudicadas y presentar ante Defensa Civil una declaratoria municipal de desastre, el formulario de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), informes técnico, jurídico y financiero, además de los respaldos exigidos por la guía operativa.
La Dirección General de Emergencias y Auxilio (DGEA) verificará la documentación y las necesidades antes de autorizar, cuando corresponda, la entrega de bienes. Rivero aclaró que una solicitud no garantiza la asistencia y que todavía debe precisarse la aplicación del Decreto Supremo 2342, que admite una solicitud formal como alternativa a una declaratoria para determinadas transferencias, sujeta a requisitos adicionales.
Asimismo, señaló que las intervenciones que requieran maquinaria, obras o recursos públicos deben contar con evaluaciones técnicas, costos, fuentes presupuestarias y autorizaciones correspondientes, sin quedar exentas de controles legales.
Justiniano advirtió que durante los próximos meses podrían presentarse inundaciones, riadas, desbordes, heladas, granizadas e incendios forestales, aunque aclaró que se trata de riesgos cuya ocurrencia no está confirmada.
El ministro precisó que la declaratoria nacional permite gestionar financiamiento para enfrentar los desastres, pero no implica desembolsos automáticos ni autoriza gastos sin respaldo legal.
Defensa Civil coordinará las acciones de su competencia y articulará el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario, mientras las autoridades territoriales deberán garantizar la atención de las familias perjudicadas y la rendición de cuentas sobre los recursos utilizados.
Rivero explicó que alcaldías y gobernaciones pueden utilizar su presupuesto mediante las normas habituales de contratación. En casos de derrumbes que aíslen comunidades, corresponde identificar a la entidad vial responsable, evaluar daños y definir los trabajos urgentes para restablecer el acceso; una reconstrucción definitiva requiere proyectos y financiamiento específicos.