El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue aprehendido ayer en La Paz, luego de prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público por el denominado caso radares, que investiga presuntas irregularidades en la contratación e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).
La exautoridad, que ejerció funciones durante el gobierno de Luis Arce, compareció ante las instancias investigadoras antes del mediodía. Tras concluir su declaración, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
Durante su traslado, Novillo rechazó las acusaciones y aseguró que presentó documentación para respaldar su actuación en el proceso. “Yo soy inocente, he presentado todos los descargos”, manifestó ante los medios de comunicación.
La investigación fue impulsada a partir de una denuncia del actual Ministerio de Defensa, que identificó presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto de vigilancia aérea. La resolución de aprehensión señala que Novillo es investigado por presuntos delitos vinculados con contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, entre otros cargos mencionados en los antecedentes del proceso.
El caso se centra en el Sidacta, un proyecto adjudicado en 2016 a la empresa francesa Thales Air Systems por un monto superior a los 191 millones de euros, con recursos del Tesoro General del Estado. El contrato contemplaba la adquisición e instalación de 13 radares civiles y militares, además de centros de control, sistemas de comunicación, infraestructura, software, capacitación y transferencia tecnológica.
El plazo inicial para la ejecución del proyecto era de 31 meses. Sin embargo, durante su desarrollo se suscribieron siete modificaciones contractuales que ampliaron ese periodo hasta los 82 meses. Según los antecedentes del caso, las pruebas y la demostración final se realizaron aproximadamente 98 meses después de la contratación.
A las observaciones sobre los plazos se suman los resultados de una auditoría que identificó problemas en el funcionamiento de los equipos. De los 13 radares instalados, dos operaban sin observaciones, nueve presentaban reparos técnicos y otros dos se encontraban fuera de servicio.
De acuerdo con la denuncia presentada por el Gobierno, las presuntas irregularidades en el proyecto habrían ocasionado un daño económico al Estado superior a los Bs 1.478 millones. La investigación busca establecer las posibles responsabilidades de las personas que participaron en las distintas etapas de contratación, modificación y ejecución del contrato.
Además de Novillo, el proceso comprende a otros exministros de Defensa que ocuparon el cargo durante anteriores administraciones. Entre ellos están Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, quienes ejercieron funciones durante los gobiernos de Evo Morales, y Luis Fernando López, que fue ministro durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez.
Según los antecedentes presentados por el actual Ministerio de Defensa, Ferreira suscribió el contrato original y las dos primeras modificaciones; Zavaleta firmó la tercera y la cuarta; López suscribió la quinta, mientras que Novillo firmó las dos últimas modificaciones contractuales.
La denuncia también alcanza a otras 15 personas, entre exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista, cuyos posibles grados de participación deberán establecerse en el curso de las investigaciones.
La aprehensión de Novillo se produjo después de su comparecencia ante el Ministerio Público y representa una nueva actuación dentro de un proceso que busca esclarecer las presuntas irregularidades en la adquisición y puesta en funcionamiento del sistema de radares.
Tras su traslado a dependencias policiales, la situación jurídica del exministro deberá ser definida en una audiencia de medidas cautelares, en la que se determinarán las medidas que correspondan conforme a los elementos presentados en la investigación.