La Constitución Política del Estado establece en el Art. 16. II que “El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación, sana, adecuada y suficiente para toda la población”. Sin embargo, nada hace el gobierno para garantizar ese derecho, para las familias bolivianas que se hunden en la pobreza y la deficiente alimentación.
El Fondo Monetario Internacional presentó su informe de Perspectivas de la Economía Mundial de octubre 2026 y proyectó para Bolivia una contracción de -3,0% del PIB, para este año, la caída más severa de Sudamérica. Bolivia cerró 2025 con -1,6% y extendería la recesión hasta 2027 con -1,5%, una inflación del 12,7%, la más alta de la región después de Venezuela (467,9%) y Argentina (32,6%). El crecimiento mundial es de 3,1% para 2026 y de 2,3% para América Latina y el Caribe. Brasil crecerá 2,2% y Paraguay 4,5%.
Para 2027 la inflación volvería a subir a 15,8%. El desempleo también se deteriora: de 3,3% en 2025 a 4,5% en 2026 y 5,2% en 2027. La Fundación Jubileo informó que aproximadamente 7,7 millones de personas en Bolivia viven actualmente en situación de POBREZA. Representa la mayoría de la población y se obtiene al sumar a quienes enfrentan pobreza moderada y pobreza extrema, como Bolivia.
El Banco Central de Bolivia, en sus proyecciones, indica que Bolivia este año concluirá con 6 millones de personas en situación de pobreza. Se deteriora la economía de las familias, con el encarecimiento de los alimentos, que llegó a un 100%, y algunos productos subieron de precio hasta un 300%. Son el gasto principal de los hogares con menores recursos. El 85% de los trabajadores, que son informales en el país, realiza actividades sin beneficios laborales ni seguridad social, es la cifra más alta en toda Sudamérica. Ello trae consigo una pésima alimentación de las familias bolivianas, que tuvieron que cambiar su dieta por alimentos menos nutritivos. Durante 2024, una de cada 10 familias manifestó haber pasado hambre, al no contar con recursos para alimentarse. Ante la elevada inflación que reduce el poder adquisitivo de las familias, se debe eliminar el gasto fiscal superfluo e impulsar la producción nacional.
En Bolivia, donde la informalidad laboral abarca una porción masiva de la fuerza de trabajo, se castiga con dureza a los trabajadores independientes, cuentapropistas y comerciantes minoristas. Sin ventas estables y con una demanda interna deprimida, los ingresos de las familias caen en picada, siendo destruida la red de seguridad económica que mantenía a flote a la clase media emergente. El incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) encarece de manera drástica los productos de la canasta familiar básica, como combustibles y servicios esenciales. No hay margen de ahorro; cada punto de inflación significa literalmente menos alimentos en la mesa y una degradación acelerada de la calidad de vida. Las proyecciones institucionales advierten que los índices de pobreza romperán marcas este año. La falta de dólares, el encarecimiento de insumos importados y los problemas de abastecimiento interno agravan un panorama donde las políticas de mitigación estatal se ven estranguladas por la escasez de reservas y un elevado déficit fiscal. Si no se restituye el equilibrio macroeconómico estructural y no se generan incentivos reales para la inversión y el empleo formal, el costo social seguirá escalando, hipotecando el futuro y el bienestar de las próximas generaciones.
El gobierno debe reducir el déficit fiscal excesivo, históricamente financiado mediante emisión monetaria o endeudamiento. Se debe evitar que el BCB imprima dinero u otorgue créditos sin respaldo para cubrir los desequilibrios del sector público, ya que esta inyección de liquidez sin producción real es una de las principales causas de presión inflacionaria.
Para salir de la recesión no basta con reducir la demanda para frenar los precios; es imperativo reactivar los sectores generadores de empleo y divisas (como la agroecológica, agroindustria, minería legal y el turismo), fomentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, facilitando la creación de empresas, agilizando trámites y otorgando seguridad jurídica, lo que incrementa la oferta de bienes y servicios, ayudando a bajar los precios por mayor competencia.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.