La Fiscalía General del Estado obtuvo dictamen favorable del juez de la causa y se dictó prisión preventiva contra Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre, procesados dentro del caso Laberinto, que investiga un supuesto esquema de lavado de activos relacionado con el financiamiento electoral de la Revolución Ciudadana (RC) en 2023.
La Fiscalía informó en sus redes sociales que para una de las implicadas se dio medidas sustitutivas y colocación de grillete electrónico.
“Juez acoge el pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva para Luisa G., Santiago D. y Wendy O. Para Estefanía M. dispone presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica”, ratificó la entidad.
La audiencia de formulación de cargos se instaló durante la madrugada del viernes 23 de octubre, en Quito, mediante una diligencia telemática de carácter reservado. Cerca de las 12:05 se conoció la decisión del juez.
PRISIÓN PREVENTIVA
En cambio, la Fiscalía no se opuso a la apelación presentada por Estefanía Molina contra las medidas cautelares que le fueron impuestas. El organismo explicó que la procesada tiene a su cuidado a un hijo con una condición de salud que requiere su presencia. Ante esto se dispuso la prohibición de salida del país y uso de grillete.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación busca determinar el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. La hipótesis fiscal apunta a la presunta utilización de varias personas jurídicas para movilizar aproximadamente 500.000 dólares.
RECHAZAN ACUSACIÓN
Según la información difundida por el organismo, los fondos investigados habrían provenido de la comercialización ilegal de hidrocarburos y estarían vinculados al financiamiento del proceso electoral de la Lista 5, correspondiente a la Revolución Ciudadana.
El 23 de octubre, la Fiscalía informó sobre la detención de los investigados durante operativos ejecutados en Manabí y Pichincha. La causa involucra a varias personas y busca esclarecer las presuntas operaciones financieras relacionadas con la campaña.
A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, González rechazó las acusaciones y calificó de «absurda» la investigación por presunto lavado de activos. También describió su detención como un acto de persecución política.
Por su parte, José Julio Neira, secretario de la Administración Pública y portavoz de la Presidencia, señaló que la investigación fiscal se relaciona con un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la campaña presidencial de 2023. (El Diario Ecuador)