El incremento del precio del pan de batalla a un boliviano golpea con dureza los bolsillos de las familias paceñas, generando un escenario de profunda preocupación y rechazo ciudadano mientras la comercialización se mantiene de forma fragmentada entre mercados que sostienen la tarifa anterior de Bs 0.80 y sectores que aplican la nivelación.
La variación en el costo del pan genera un impacto severo en la economía de los hogares, especialmente en los sectores de menores ingresos que resienten de inmediato el ajuste en el presupuesto diario. Frente a esta situación, la comercialización muestra marcadas diferencias en la sede de Gobierno: mientras los panificadores de la zona Sur ratificaron la aplicación de la nueva tarifa a un boliviano y descartaron asistir a la convocatoria de diálogo gubernamental.
En zonas tradicionales como El Tejar y la calle Zoilo Flores continuaron ofreciendo el producto a Bs 0.80 al haber recibido los lotes previos a ese costo, en tanto que el abastecimiento en la zona de la avenida Buenos Aires se mantuvo temporalmente paralizado.
El malestar en la población no se hizo esperar ante la falta de consenso y el alza repentina. Vecinas y compradoras manifestaron su profunda indignación en los distintos puntos de abasto de la urbe. “Yo estoy furiosa porque salí a comprar pan y no encontré. Me enteré que los panificadores han decidido subir el precio a 1 boliviano y me parece muy abusivo e injusto. Esos señores cuentan con subvención de la harina. Cada vez compramos menos cantidad de pan porque no alcanza”, expresó una ciudadana afectada, cuestionando que se tome una decisión de esta magnitud en un contexto de escasez de empleo y crisis económica en el que muchas familias dependen exclusivamente de un té con pan para subsistir.
Otras voces ciudadanas reaccionaron ante el impacto directo en la alimentación de sus hijos y la baja calidad del insumo. «A veces no hay para más. Hay días en que la platita no alcanza para el almuerzo y a mis hijitos solo les puedo dar su pancito con su tecito para que no se me vayan a la cama con el estómago vacío. Si el pan sigue subiendo y llega a un boliviano o más, ya no sé realmente qué voy a hacer ni de dónde voy a sacar», relató un ciudadano con preocupación.
Asimismo, otra compradora cuestionó: «no puede ser que quieran vender a un boliviano el pan, si van a subir por lo menos que mejoren la calidad, puros panes duros, chiquitos, que se enduran en unas horas, llenos de bromato. Todo sube y la gente que vive al día ahora no puede ni siquiera costearse el pan. No pueden tomar una decisión así los panaderos sin consultar a las autoridades ni a la población».
Ante ese panorama, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, ratificó que el precio del pan de batalla se mantiene vigente en cero ochenta centavos, en estricto cumplimiento del acuerdo alcanzado con el sector panificador. La autoridad gubernamental cuestionó la postura de una facción de dirigentes que, según afirmó, estaría incurriendo en el incumplimiento de los compromisos pactados al intentar aplicar un incremento unilateral en el costo del producto.
Por su parte, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, aclaró que el Gobierno Autónomo Municipal no tiene la competencia legal para fijar o regular precios, aunque reconoció que el sector presentó una estructura de costos que refleja el encarecimiento de insumos clave como la harina, la manteca, la sal y el azúcar.
Ante ello, la comuna remarcó que sus atribuciones se concentrarán estrictamente en fiscalizar el peso y la calidad del producto, además de impulsar un programa de hornos recomendados para que la ciudadanía pueda adquirir de manera directa el pan a la tarifa tradicional.
En esa línea, la Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor intensificó operativos de verificación en los distintos puntos de venta. Exhortó a la población a no convalidar la compra a un boliviano, priorizar a los proveedores que mantienen el precio anterior y consolidar la campaña Proveedor Consciente bajo los lineamientos de la Ley Numero 453, buscando salvaguardar los derechos y los recursos de los consumidores frente al golpe inflacionario.