La restitución de atribuciones de mando sobre la Policía a la Gobernación de Santa Cruz fue planteada como una medida para fortalecer la seguridad ciudadana frente al incremento de la violencia y la presencia del crimen organizado en el departamento. La propuesta contempla impulsar una reforma legislativa que permita a la autoridad departamental intervenir en las decisiones operativas de la institución policial.
La gobernadora en suplencia de Santa Cruz, Paola Aguirre, sostuvo que es necesario recuperar las facultades que anteriormente permitían al gobernador ejercer funciones de mando sobre la Policía, debido a las actuales limitaciones de la administración departamental para participar en la planificación de patrullajes y operativos de seguridad.
Cuestionó que la Gobernación destine recursos económicos para combustible, vehículos y otras necesidades logísticas de la institución policial, sin contar con atribuciones para decidir sobre su utilización operativa. Consideró que esta situación restringe la capacidad de respuesta ante los hechos delictivos que afectan a la población.
Aguirre también advirtió sobre la insuficiencia de efectivos policiales en Santa Cruz, que, pese a ser el departamento más poblado del país, dispone de poco más de 5.000 uniformados, frente a los más de 9.000 asignados a La Paz.
Ante esta diferencia, demandó una distribución equitativa del personal policial y una mayor presencia de efectivos en las calles, acompañada de patrullajes permanentes, operativos estratégicos y un incremento de los recursos destinados a seguridad ciudadana.
“Necesitamos mayores efectivos policiales, pero también que esos efectivos salgan a las calles”, afirmó la autoridad, al señalar que el aumento del personal debe traducirse en acciones concretas para prevenir y combatir la delincuencia.
Por otra parte, expresó su preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad y la presunta infiltración de organizaciones criminales en entidades públicas. Sostuvo que esta situación exige fortalecer los mecanismos de control y garantizar que las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia cumplan sus funciones.
Asimismo, consideró que la lucha contra la delincuencia debe incluir medidas destinadas a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, además de una actuación coordinada de las autoridades nacionales y departamentales.
Finalmente, Aguirre advirtió que el avance de la criminalidad no solo pone en riesgo la seguridad de la población, sino que también perjudica las actividades económicas y profundiza las dificultades que enfrenta Santa Cruz. En consecuencia, reclamó una respuesta efectiva de las instancias nacionales competentes y medidas estructurales para enfrentar al crimen organizado. (Santa Cruz, agencias)