El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, promulgó la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, normativa que permitirá transferir al Órgano Judicial los fondos judiciales no reclamados en un plazo de cinco años.
“Mediante la ley no se está violentando el derecho del que haya generado un depósito judicial, sino más bien, se está agilizando el procedimiento de devolución y aquello que no se devuelve se usa de buena manera para reforzar a nuestra justicia”, explicó Paz, destacando que la medida busca modernizar la administración de recursos dentro del sistema judicial y garantizar que dineros estancados se utilicen para mejorar el servicio.
El primer mandatario enfatizó que el dinero consolidado tendrá un destino estrictamente operativo y de infraestructura, descartando que se vaya a utilizar para el gasto corriente del Estado.
“Hoy día estos recursos no son para burocracia, no son para salarios, sino son para aquellos puntos, tres puntos que mencionó nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo.
En su discurso, también recordó los orígenes de la propuesta y agradeció el respaldo de las diferentes carteras estatales involucradas en el proceso. “Estamos cumpliendo el esfuerzo conjunto, junto a la institucionalidad, junto a la justicia, junto a nuestro Parlamento, porque sin ellos no podríamos llevar adelante estos procesos, hay que revalorizar el rol de cada institución”, manifestó.
El mandatario reflexionó sobre el impacto profundo que tiene un sistema judicial eficiente en la salud política del país, vinculando la calidad de la justicia directamente con la estabilidad democrática de la nación.
Asimismo, subrayó que la transparencia y la separación de poderes son las únicas vías para dar certidumbre a la población boliviana frente a las presiones políticas tradicionales.
Los recursos económicos obtenidos de forma directa mediante esta norma se destinarán a mejorar la infraestructura del Órgano Judicial, reforzar el personal de apoyo jurisdiccional y modernizar sus herramientas tecnológicas.
Además, se establece un límite estricto de cinco años para que los interesados puedan reclamar la devolución de cualquier depósito judicial. Este periodo comenzará a contabilizarse a partir del momento en que la resolución judicial que autoriza el reembolso quede completamente ejecutoriada.
Para proteger a los sectores vulnerables, la ley no se aplicará a los depósitos relacionados con asistencia familiar para la manutención de menores de edad, resarcimiento de daños a niños o por accidentes, ni a las garantías de custodia orientadas a evitar el arraigo o fuga del país.