El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) aprobó cuatro proyectos normativos que plantean una nueva estructura para la seguridad estatal y contemplan una participación excepcional de las Fuerzas Armadas (FFAA) frente al crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.
La decisión fue adoptada durante la quinta sesión del organismo, encabezada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, en una jornada en la que también se abordaron mecanismos para fortalecer la inteligencia, la coordinación entre instituciones y la capacidad de respuesta ante estructuras delictivas con presencia y operaciones más complejas.
El paquete comprende una Ley de Seguridad y Defensa, una normativa para el funcionamiento del Cosdep, el establecimiento de un Sistema de Inteligencia y una cuarta propuesta destinada a permitir la intervención de las FFAA ante amenazas vinculadas con el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que el nuevo esquema no plantea una intervención militar permanente. Según la autoridad, la participación será “excepcional, temporal, complementaria y controlada”, dentro de la Constitución Política del Estado (CPE) y con respeto a los derechos y garantías.
Justiniano sostuvo que las organizaciones criminales han ampliado sus capacidades más allá del tráfico de drogas, al incorporar estructuras de financiamiento, logística, armamento, tecnología, rutas internacionales y mecanismos de violencia e intimidación. Frente a ese escenario, señaló que la respuesta estatal debe incorporar mayor capacidad de inteligencia, control fronterizo y vigilancia de los espacios aéreo y fluvial.
La propuesta también incluye medidas para proteger infraestructura crítica y fortalecer la cooperación con países vecinos. En esa línea, Paz planteó una acción coordinada entre las instituciones del Estado y remarcó el papel de la Policía Boliviana dentro de la estrategia de seguridad.
El mandatario también señaló que las organizaciones criminales pueden recurrir a distintas actividades ilícitas para obtener recursos, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal, y advirtió sobre posibles vínculos con instituciones estatales. En ese contexto, mencionó el Escudo de las Américas como un mecanismo de colaboración frente a estas estructuras.
Los cuatro proyectos pasarán ahora a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), donde serán sometidos a revisión durante la próxima semana. Después de esa evaluación y de verificarse su adecuación a la normativa vigente y a la CPE, las propuestas podrán ser remitidas como proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. (EL DIARIO y agencias)