La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra inició la inspección de las unidades del transporte público y, de manera paralela, proyecta incorporar aproximadamente 1.000 buses eléctricos como parte de un proceso de modernización y reordenamiento del servicio urbano.
Los controles se concentran inicialmente en las condiciones de los micros que circulan en la ciudad. Los operadores tendrán 30 días para reparar las deficiencias detectadas, principalmente pisos deteriorados, asientos dañados, ventanas en mal estado y otros desperfectos que afectan directamente a los pasajeros.
Desde el 2 de noviembre, las unidades que mantengan estas observaciones deberán salir de circulación, de acuerdo con las disposiciones anunciadas por el Gobierno municipal.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, explicó que la fiscalización no estará limitada a funcionarios municipales, ya que concejales, juntas vecinales y organizaciones de la sociedad civil también podrán identificar irregularidades, fotografiar las condiciones de los vehículos y reportar la línea a la que pertenecen.
La autoridad municipal remarcó que la reparación de los motorizados constituye una obligación para los operadores y no solamente un compromiso dentro del proceso de mejora del transporte.
Junto con las inspecciones, la Alcaldía impulsa un proyecto destinado a renovar progresivamente la flota mediante la incorporación de alrededor de 1.000 buses eléctricos.
El alcalde Manuel Saavedra informó que el municipio ya inició conversaciones con entidades del sistema financiero y que también existe interés de financiadores internacionales y organismos de cooperación para apoyar la adquisición de las nuevas unidades.
La intención municipal es que los primeros buses eléctricos comiencen a llegar durante el próximo año, aunque se buscará acelerar los plazos previstos.
El proyecto contempla vehículos con capacidad aproximada para 40 a 50 pasajeros y dos puertas diferenciadas, una para el ingreso y otra para la salida de los usuarios.
La propuesta busca mejorar el flujo de pasajeros y evitar las dificultades que se producen cuando las personas deben subir y bajar por un mismo acceso.
La modernización del transporte también contempla el registro del 100% de los vehículos que actualmente prestan servicio en Santa Cruz de la Sierra.
Los transportistas tendrán un plazo de 60 días para inscribir todas sus unidades ante el municipio. Una vez concluido ese periodo, los vehículos que no formen parte del registro no deberían continuar operando en la capital cruceña.
El alcalde Manuel Saavedra explicó que el censo permitirá conocer con precisión la cantidad de micros en circulación y servirá para avanzar en un nuevo ordenamiento de las líneas, particularmente en los sectores donde existen recorridos sobrepuestos.
Mientras se desarrolla este proceso, la Alcaldía prevé conceder autorizaciones temporales de funcionamiento y evitar concesiones de largo plazo que puedan dificultar la transición hacia nuevos vehículos y otra matriz energética.
La transformación prevista no se limitará a la sustitución de micros. El municipio también proyecta modificar progresivamente la estructura del transporte público.
Como parte de estas acciones, se prevé ejecutar hasta diciembre una prueba piloto en la avenida Grigotá y actualizar el plan de movilidad urbana elaborado con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
La Alcaldía también plantea construir nuevas paradas desde el próximo año, con el objetivo de que el ascenso y descenso de pasajeros se realice en puntos establecidos.
A estas medidas se suma el proyecto de implementación de semáforos inteligentes, que, según las estimaciones expuestas por el alcalde Manuel Saavedra, podría mejorar entre un 20% y un 30% la movilidad urbana cuando el sistema se encuentre en funcionamiento.
La administración municipal sostiene que las medidas forman parte de un plan de movilidad desarrollado desde el inicio de la gestión y orientado a modificar gradualmente el sistema de transporte de Santa Cruz de la Sierra.
Los anuncios se producen después de la controversia generada por el incremento de la tarifa para pasajeros adultos y las medidas de presión asumidas por el sector del transporte.
Saavedra defendió la decisión sobre la tarifa y señaló que el municipio también debe garantizar que la población pueda trasladarse cuando el servicio regular es interrumpido.
La autoridad señaló que durante los paros suelen aparecer vehículos alternativos, como camionetas, camiones o chatas, que trasladan pasajeros y pueden llegar a cobrar hasta cinco bolivianos por persona.
Según explicó, este tipo de transporte expone a los usuarios a condiciones inseguras y genera dificultades para quienes deben trasladarse hasta sus fuentes laborales o movilizar a sus hijos.
También advirtió que, si se registra un nuevo paro del transporte público, la ley vinculada al acuerdo tarifario quedaría anulada.
Con este conjunto de medidas, la Alcaldía pretende avanzar desde la fiscalización inmediata de las unidades actuales hacia una transformación integral del sistema, que incluye la reparación de los micros, el censo total de la flota, la reorganización de las líneas y la incorporación progresiva de buses eléctricos. (Santa Cruz, agencias)