Decenas de miles de personas salieron a las calles de Madrid y otras ciudades españolas para intensificar sus demandas de medidas que aborden la creciente crisis de vivienda, después de que la oposición rechazara las medidas gubernamentales.
Ayer, los manifestantes ondearon pancartas que pedían una huelga general después de que las medidas elaboradas para abordar la indignación generalizada por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, y otros problemas de vivienda, fueran rechazadas en el parlamento el viernes.
Las autoridades afirmaron que 70.000 personas protestaban. Los organizadores cifraron la cifra en 500.000.
«Es una lástima», declaró a Reuters Nando de Angululo, de 26 años, quien se unió a la protesta en Madrid. «Esto solo demuestra que somos nosotros, el pueblo, quienes debemos adaptarnos a los partidos políticos, y no los políticos a lo que el pueblo quiere, y esto no puede seguir así».
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, podría convocar elecciones anticipadas para noviembre después de que la legislación no lograra aprobarse, según informaron los medios españoles el viernes, y estaría atento a la intensidad de las protestas de ayer antes de tomar una decisión.
Las manifestaciones dominaron el debate nacional, insuflando nueva vida al asediado gobierno de Sánchez y desviando la atención del impacto persistente de los recientes sucesos en Ceuta.
Las protestas de ayer transcurrieron pacíficamente en 50 ciudades españolas. En Valencia, ciudad del sureste del país, los manifestantes se enfrentaron a la policía, que disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar las protestas.
Unas 30 personas lograron entrar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un edificio cultural emblemático de la ciudad, antes de ser desalojadas por la policía.
Marcos Sainz, un bibliotecario de 26 años que participaba en las protestas en Madrid, sostuvo que antes alquilaba un piso de dos habitaciones con amigos por 900 euros al mes (1.000 dólares), pero que ahora un piso de una habitación suele costar 1.000 euros, la mitad del salario medio mensual en la capital.
Declaró a la Afp que protestaría contra el aumento desmesurado de los alquileres «hasta que alguien se atreva a regularlo todo, porque (de lo contrario) todos tendremos que irnos de Madrid y eso sería una pena, ya que soy de Madrid».
Javier, de 31 años, instalador de paneles solares, declaró: «Exigimos un derecho fundamental: una vivienda digna, estabilidad y condiciones que nos permitan construir un proyecto de vida digno». Agregó: «Gasto la mitad de mi sueldo en una habitación minúscula».
«Lo que estamos sintiendo en las calles es una nueva energía que no habíamos visto en mucho tiempo, una energía que demuestra que ocho días de movilización popular pueden lograr más que ocho años de gobierno progresista», sostuvo Valeria Racu, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinos que organiza la protesta, en un comunicado.
«Ahora empieza la verdadera política, la política que siempre perteneció al pueblo y que volverá de una vez por todas a las calles», sostuvo.
El viernes, la coalición socialista de Sánchez presentó dos decretos que incluían diversas medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, desde la prohibición de los desahucios hasta 2030 hasta la regulación de los alquileres temporales y los alquileres por habitaciones.
A pesar de la indignación de los manifestantes a las afueras del parlamento, el conservador Partido Popular, el ultraderechista Vox y el partido independentista catalán Junts votaron en contra de ambos decretos.
El Partido Popular afirmó haber votado de acuerdo con su convicción de que construir, en lugar de regular, era la mejor manera de abordar la crisis. «La vivienda no se vuelve más asequible mediante decretos; se vuelve más asequible construyendo más viviendas», declaró el diputado Juan Bravo.
La noticia del rechazo del paquete fue recibida con abucheos y gritos de «¡Qué vergüenza!» en el exterior. «Vuestras ganancias, nuestra desgracia», coreaban los manifestantes.
El descontento latente por el vertiginoso aumento del precio de la vivienda estalló a finales del mes pasado, cuando Maricarmen Abascal, de 87 años y usuaria de silla de ruedas, fue desalojada de la casa en la que había vivido durante 70 años. La octogenaria afirmó que no podía afrontar el aumento del 230% en el alquiler exigido por el fondo de inversión que compró su apartamento.(The Guardian)