El mensaje tras las visas revocadas

La reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar y restringir las visas a una docena de altos funcionarios y exautoridades bolivianas —encabezadas por el fiscal general Roger Mariaca y el exministro de Justicia Iván Lima— ha sacudido el tablero político nacional. Como era previsible, la izquierda populista no tardó en desempolvar los desgastados discursos de la “injerencia extranjera” y el “colonialismo imperial”. Sin embargo, esta reacción defensiva ignora una realidad fundamental del orden internacional contemporáneo: regular sobre quién cruza las fronteras propias no es un acto de intromisión, sino el ejercicio más elemental y legítimo de la seguridad interna de un Estado moderno.
Para analizar este hecho con seriedad, es necesario separar el ruido político de la solidez institucional. Se puede ser profundamente crítico con el estilo populista, estridente y a menudo impredecible de la administración de Donald Trump en la Casa Blanca; sin embargo, sería un error torpe confundir la retórica del mandatario con el funcionamiento de la maquinaria estatal de ese país. Washington posee un sistema de contrapesos y agencias de inteligencia penal cuyas determinaciones operativas no se mueven por meros impulsos de X. Cuando el Departamento de Estado emite sanciones públicas bajo acusaciones tan graves como la facilitación del narcotráfico y la obstrucción de la justicia, lo hace respaldado por carpetas de información verificada. Por tanto, algo real debe haber en las sospechas que pesan sobre figuras encargadas de la persecución penal y la justicia en Bolivia, como para activar estos mecanismos de exclusión biométrica.
El argumento del atropello a la soberanía carece de sustento. Ningún tratado internacional obliga a un país a conceder el derecho de ingreso o turismo a ciudadanos extranjeros, mucho menos a dignatarios bajo sospechas de corrupción significativa. Calificar la revocación de un permiso de viaje como un acto colonial es una distorsión retórica destinada a blindar la impunidad doméstica. Al cerrar sus fronteras a estos funcionarios, EEUU simplemente resguarda su propio territorio de actores que considera de riesgo para su seguridad hemisférica.
Este episodio debería forzar una introspección urgente en el país, en lugar de una victimización ideológica e infantil. La verdadera humillación para Bolivia no radica en la sanción administrativa impuesta desde el exterior, sino en la trágica constatación de que las denuncias de corrupción y penetración del narcotráfico deban recibir una sanción moral externa ante la parálisis y complicidad de los tribunales locales. La verdadera humillación es vivir todavía con jueces, fiscales y autoridades involucradas en hechos turbios. Mientras el debate boliviano continúe atrapado en consignas soberanistas malentendidas, se seguirá protegiendo a una casta judicial y política que ha convertido las instituciones públicas en un feudo de impunidad, perdiendo de vista que la soberanía real empieza por tener una justicia limpia en casa.