El Ministerio Público presentó acusación formal contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen y otras nueve personas dentro del caso Botrading, además de solicitar la confiscación de bienes muebles, inmuebles y valores de todos los acusados por las presuntas irregularidades investigadas en contratos para la adquisición de combustible.
La acusación fue presentada ante el Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz por la comisión de fiscales que investiga el caso. El documento fue ingresado el 22 de septiembre y contempla diferentes cargos según la participación atribuida a cada uno de los investigados.
Dorgathen, quien fue presidente de YPFB durante la gestión del expresidente Luis Arce, fue acusado junto a Abraham Cruz Taca, Cinthia Pedraza Rodríguez y Gabriela Delgadillo Salazar por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, todos en grado de autoría.
Dentro del requerimiento acusatorio, la Fiscalía solicitó al juez que disponga la confiscación de los bienes muebles, inmuebles y valores pertenecientes a todos los acusados. El Ministerio Público argumentó que durante las etapas preliminar y preparatoria de la investigación se obtuvo información relacionada con el patrimonio de los investigados y se realizaron los trámites correspondientes ante la autoridad judicial.
Además del pedido patrimonial, la Fiscalía anunció que presentará nuevas pruebas dentro del proceso, debido a que aún existen requerimientos fiscales, solicitudes de cooperación internacional, respuestas pendientes y pericias de auditoría forense que no fueron incorporadas al expediente.
La investigación también alcanza a otros seis acusados. Omar Alarcón Saigua enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y contratos lesivos al Estado.
Asimismo, Julio César Camargo Pérez, Miguel Ángel Colque Pacheco y Luis Rolando Ayala Sánchez fueron acusados por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En tanto, Walter Elías Monasterios Orgaz y Gabriela Liceth Peña Vargas fueron acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El caso Botrading se originó por la investigación de presuntas irregularidades en operaciones de la empresa subsidiaria de YPFB constituida en Paraguay durante la administración de Dorgathen. La compañía fue creada con el objetivo de facilitar la importación de combustibles y reducir costos; sin embargo, la Fiscalía centró parte de sus pesquisas en contratos cuestionados y un supuesto sobreprecio en la adquisición de carburantes.
Con la presentación de la acusación formal, el Ministerio Público también solicitó que se establezca fecha y hora para la realización del juicio, conforme a las modificaciones incorporadas por la Ley 1173.