El loro dice loro al loro. Resulta paradójico escuchar a dirigentes del masismo y al propio Evo Morales acusar reiteradamente a miembros del actual Gobierno de narcotraficantes, cuando durante los gobiernos del MAS se tomó una decisión que hasta hoy genera serios cuestionamientos: la ampliación del marco legal para la producción de coca, particularmente en el Trópico de Cochabamba.
La pregunta es inevitable: ¿quién puede acusar a quién cuando durante años se ha denunciado que un 94 por ciento de la coca producida en el Chapare termina desviándose hacia el narcotráfico?
Evo Morales no es ajeno a esta realidad. Desde la década de 1990 mantiene un prolongado liderazgo sobre las organizaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba y actualmente continúa siendo presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización que agrupa a los principales sindicatos cocaleros de esa región.
No se trata, por tanto, simplemente de un expresidente retirado de la actividad política. Morales mantiene hasta hoy un importante poder sindical y capacidad de movilización política en el Chapare.
La coca legal y la coca desviada
Uno de los principales puntos de discusión es la Ley General de la Coca, aprobada durante el gobierno de Morales. Para sus defensores, esta norma permitió reconocer y regular una realidad productiva existente. Para sus críticos, significó ampliar la superficie legal de cultivos y generó condiciones para que una parte del excedente pudiera terminar en el mercado ilegal.
La coca tiene un uso ancestral y cultural que nadie debería cuestionar. El problema aparece cuando la hoja se convierte en materia prima para fabricar cocaína.
Diversos informes internacionales han advertido durante años sobre el desvío de parte de la producción de coca hacia actividades relacionadas con el narcotráfico. Por ello, el país necesita responder una pregunta sencilla pero fundamental: ¿cuánta coca se produce, cuánto se consume legalmente y dónde termina el excedente?
El Chapare y la presencia del Estado
Durante el anterior gobierno, el entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo afirmó públicamente que una parte importante de los laboratorios y fábricas de droga destruidos se encontraba en el área del Chapare, particularmente en inmediaciones de Villa Tunari.
Según cifras difundidas por esa autoridad, en 2023 fueron destruidos más de 27 megalaboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína y, entre 2022 y parte de 2023, más de 1.800 fábricas o instalaciones vinculadas con la producción de droga.
El propio ministro sostuvo que estas operaciones generaban molestia entre exautoridades y organizaciones criminales y relacionó esa resistencia con amenazas de movilización y bloqueo.
Por la gravedad de estas afirmaciones, corresponde exigir investigaciones serias y transparentes. El narcotráfico no puede convertirse simplemente en un arma para atacar al adversario político.
El problema, además, va mucho más allá de la coca. Bolivia enfrenta tráfico de tierras, devastación ambiental, explotación ilegal de recursos naturales, contrabando, tráfico de personas, lavado de dinero y otras actividades asociadas al crimen organizado.
El verdadero peligro aparece cuando estas actividades comienzan a construir poder económico, territorial y político.
Durante décadas, las organizaciones cocaleras del Chapare han adquirido una enorme capacidad de decisión y movilización, aunque surgen reiteradas denuncias de que el sindicato se haya convertido en instrumento de sometimiento. Por ello, resulta legítimo preguntarse hasta dónde llega la autoridad del Estado y dónde comienza el poder de las organizaciones sindicales.
Ninguna organización social, política o sindical puede estar por encima de la ley.
¿Política y narcotráfico?
Los conflictos sociales y los grandes bloqueos de los últimos años plantean otra pregunta incómoda: ¿hasta qué punto pueden coincidir intereses políticos con intereses del crimen organizado?
No sería serio afirmar que todo bloqueo está relacionado con el narcotráfico, ni sostener sin pruebas que Evo Morales sea el jefe de ese negocio, sin lugar a dudas, es el gran jefe de la narcococa. Pero tampoco sería responsable cerrar los ojos ante la posibilidad de que estructuras criminales aprovechen conflictos sociales y disputas políticas para proteger sus intereses.
El narcotráfico moderno no funciona únicamente mediante laboratorios clandestinos. Necesita transporte, financiamiento, protección, corrupción, lavado de dinero y conexiones internacionales.
Por eso, combatirlo no significa solamente destruir fábricas de cocaína. Hay que investigar quién financia, quién transporta, quién protege, quién lava el dinero y quién permite que estas redes funcionen.
El verdadero poder de la droga
El mayor peligro para Bolivia no es únicamente el aumento de la producción de cocaína. El peligro está en que el dinero generado por el narcotráfico termine comprando voluntades y penetrando instituciones.
Cuando el dinero ilícito llega a la política, la Policía, la justicia, las aduanas, gobiernos locales u organizaciones sociales, el problema deja de ser exclusivamente policial.
Se convierte en un problema de Estado.
Por eso preocupan las denuncias recurrentes de corrupción, tráfico de influencias, protección de actividades ilícitas y enriquecimiento inexplicable. Cada denuncia debe ser investigada hasta sus últimas consecuencias, sin importar quién sea el denunciado.
Bolivia necesita recuperar el control efectivo de todo su territorio. Ninguna región puede convertirse en un espacio donde la autoridad estatal esté condicionada por organizaciones políticas, sindicales o económicas, como tampoco ninguna población, como la chapareña esté sometida a una dictadura sindical.
El Chapare tampoco debe ser presentado como sinónimo de narcotráfico. Allí viven miles de familias trabajadoras y productores de coca que no pueden ser estigmatizados. Precisamente por respeto a ellos, el Estado debe garantizar legalidad, seguridad y transparencia.
El desafío consiste en separar claramente al productor legal del narcotraficante, al dirigente sindical del operador criminal y la protesta legítima de las acciones destinadas a proteger intereses ilícitos.
Una responsabilidad histórica
Después de dos décadas de gobiernos del MAS, corresponde hacer una evaluación seria y sin tabúes de las políticas aplicadas en materia de coca, narcotráfico y control territorial.
Pero la responsabilidad tampoco termina en el MAS. Los gobiernos posteriores no pueden utilizar el narcotráfico solamente para atacar a sus adversarios mientras dejan intactas las estructuras económicas que permiten que este negocio continúe.
El narcotráfico no es de izquierda ni de derecha. Es un negocio criminal que busca dinero, poder y protección.
Por ello, hay que perseguir a los grandes operadores, investigar las redes financieras, decomisar los bienes adquiridos con dinero ilícito, controlar las fronteras, fortalecer la Policía y la justicia y recuperar los territorios donde la presencia estatal sea insuficiente.
Y, sobre todo, investigar sin miedo cualquier vínculo entre dinero del narcotráfico y poder político.
La pregunta ya no debería ser solamente quién acusa a quién de narcotraficante. La pregunta verdaderamente importante es: ¿Está Bolivia permitiendo que el dinero del narcotráfico se convierta en poder político, territorial e institucional?
Si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos frente a una amenaza mucho mayor que la producción de cocaína: el riesgo de que el narcotráfico deje de ser solamente un delito y termine convirtiéndose en un poder paralelo dentro del Estado boliviano.
El autor es comunicador social.