Los indígenas de Pando dan ultimátum a mineros ilegales

Un plazo hasta el 30 de septiembre fijaron los cinco pueblos originarios de la Amazonia de Pando para que las cooperativas mineras desalojen las riberas del río Madre de Dios, tras lo cual ejecutarán el desalojo ante la contaminación por mercurio que afecta sus territorios.
El presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (Cipoap), Javier Fernández, informó que se conformarán comités de defensa en cada comunidad para ejecutar la expulsión de los mineros y advirtió que “cualquier cosa que pase, hacemos responsable al Estado”. Los habitantes se reunirán el 29 de septiembre para organizarse e inspeccionar la zona antes de proceder con el desalojo.
“Miraremos primero, inspeccionaremos. Si han salido voluntariamente, pues vamos a agradecerles también y vamos a quedarnos en paz. Pero estamos conformando los comités de defensa para el 29 y, vuelvo a recalcar, cualquier cosa que pase —ojalá que no pase nada— hacemos responsable al Estado”, dijo Fernández en declaraciones a radio Fides.
La Cipoap, organización que representa política, orgánica y jurídicamente a las cinco naciones indígenas de Pando (Tacana, Ese Ejja, Cavineño, Machineri y Yaminahua), denunció que el 90% de las balsas y dragas que operan en el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) lo hacen sin autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esta situación ha generado un conflicto latente entre los habitantes originarios y los cooperativistas auríferos, quienes extraen el mineral mediante balsas y dragas que operan de forma masiva en la cuenca del Madre de Dios.
Estudios de organizaciones ambientalistas revelan que las balsas que operan en la zona liberan cientos de kilos de mercurio al mes, contaminando el agua, el aire y los peces que son consumidos por esos pueblos.
El mercurio, utilizado para separar el oro de la tierra, se acumula en los tejidos de los peces y afecta la salud de las comunidades que dependen de la pesca como principal fuente de alimentación. Fernández exigió al Gobierno nacional y a los cooperativistas que busquen otro método de extracción del mineral que no sea el mercurio.
“Ese es otro debate que tenemos, Bolivia es el tercer importador de mercurio, hay dos o tres personas que se están haciendo millonarias o ya son millonarias”, afirmó el dirigente indígena.
Según datos de organizaciones ambientales, el mercurio que ingresa al país proviene principalmente de contrabando desde Brasil y Perú, y es utilizado de forma indiscriminada en la minería aurífera de la Amazonia boliviana.
La Cipoap promueve la defensa del medioambiente y la salud comunitaria frente a la contaminación, y exige la aplicación estricta de la consulta previa, libre e informada ante cualquier intención de concesión minera o actividad extractiva que amenace sus ríos.
Representantes de los pueblos indígenas señalaron que en los últimos años han presentado múltiples denuncias ante la AJAM, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Defensoría del Pueblo, sin que se haya tomado medidas efectivas para frenar la contaminación.
“Hemos pedido reuniones, hemos presentado documentos, pero nadie nos hace caso. Por eso tomamos esta decisión”, manifestó Fernández.
El dirigente indígena informó que la Cipoap ha solicitado al Gobierno nacional que intervenga de forma inmediata para frenar la minería ilegal en el TIM II y que se aplique la ley contra el contrabando de mercurio.
“No podemos seguir permitiendo que contaminen nuestros ríos, que maten a nuestros peces, que enfermen a nuestros niños. Es hora de actuar”, concluyó. (Agencias)