Comprar caro y vender barato

Hace décadas, gobiernos populistas de nuestro país, por su desesperación para mantenerse en el poder, ante circunstancias económicas difíciles que causaban presiones sociales, pusieron en práctica la política financiera de “comprar caro y vender barato”, la cual llegó a convertirse en una costumbre. Esa fórmula fue seguida por varios gobernantes para seguir al mando del Estado. Más aún, la perfeccionaron y volvieron a aplicar, sabiendo que estaban cometiendo un grave error.
Efectivamente, los gobiernos “socialistas” que adoptaron la famosa medida, obnubilados por la bonanza económica que fue originada por la venta de gas a países vecinos y la elevación de precios de algunas materias primas, se dedicaron a dilapidar una enorme cantidad de dinero. Entonces no pensaron que esa etapa de riqueza no iba a durar para siempre y que, si no eran adoptadas medidas de previsión, la bonanza estallaría como una pompa de jabón.
En efecto, en los pasados veinte años, los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, particularmente, subvencionaron los precios de combustibles y dieron paso a la importación de numerosos productos, desde alimentos, hasta máquinas. Naturalmente, las importaciones sin control dieron curso a jugosos negociados, especialmente para quienes acumulaban productos subvencionados. Los montos de los subsidios fueron creciendo sin freno, en especial para traer combustibles de otros países.
Además, hábiles comerciantes crearon problemas artifíciales para desestabilizar a los gobernantes de turno, con el agravante de que no traían al país las ganancias obtenidas. A pesar de que se sabía que comprar caro y vender barato sería oneroso, se pensó que el Estado podía solventar ese gasto.
Sin embargo, el problema llegó al extremo, cuando la exportación de gas se vino abajo por el agotamiento de yacimientos y el país ya no podía seguir perdiendo millones de dólares al comprar productos con precios internacionales y venderlos, principalmente combustibles, con precios subsidiados. Por esa desastrosa manera de administrar los recursos del Estado, en especial durante los gobiernos de Morales Ayma y Arce Catacora, la bonanza económica no sirvió para hacer que el dinero percibido legalmente sea convertido en capital o invertido para diversificar la economía nacional o hacer obras verdaderamente necesarias para la mayoría de la población, no solo para favorecer a los adeptos al “masismo”.
Ese sistema de no convertir el dinero en capital reproductivo provocó un derroche millonario, causando numerosos casos de corrupción, como el del Fondo Indígena, o fueran construidas obras inútiles, como el museo dedicado a Morales en Orinoca. Por ello mucho dinero fue utilizado para gastos domésticos o para actividades partidarias. Si tantos dólares se hubiesen convertido en capital, otra sería ahora la suerte del país y no estaríamos pidiendo limosna en el exterior. En todo caso, es urgente acabar con esa política económica dañina.