En la administración pública llega un momento ineludible en el que la matemática desplaza a la demagogia y la realidad impone sus condiciones. La reciente eliminación total de la subvención al diésel, dictaminada por el gobierno y que sujeta su valor a precios internacionales, no debe interpretarse como un castigo al aparato productivo, sino como una dolorosa pero imperativa intervención quirúrgica para salvar a un paciente al borde del colapso.
Durante casi dos décadas, Bolivia vivió anestesiada bajo la ilusión de la abundancia, asfixiando la exploración hidrocarburífera y dilapidando reservas para sostener un subsidio ciego ($us 55 millones semanales) que resultó ser la política pública más destructiva de nuestra historia reciente. Los verdaderos arquitectos de esta asfixia energética, evidenciada hoy en las kilométricas filas en los surtidores, no son quienes toman la impopular decisión de ajustar tarifas, sino aquellos que durante veinte años administraron una borrachera rentista, secando nuestros pozos para comprar lealtades corporativas.
Hoy, la sociedad boliviana es la víctima heredera de este monumental desfalco histórico. Frente a este complejo escenario, la decisión de sincerar los costos representa un acto de pragmatismo y valentía gerencial sumamente oportuno. Seguir inyectando miles de millones de dólares que el Estado ya no posee para importar combustible barato era un suicidio financiero que amenazaba con arrastrar al país hacia un abismo hiperinflacionario, especialmente en el marco de los acuerdos macroeconómicos urgentes.
Sin embargo, resulta verdaderamente repulsivo observar cómo algunos de los arquitectos de esta quiebra estructural y los habituales operadores del chantaje sindical intentan ahora utilizar esta medida técnica como excusa para convulsionar las calles. Quienes hoy amenazan con bloqueos generales y paros exigiendo el retorno a un subsidio insostenible son, en muchos casos, los mismos cómplices que aplaudieron la destrucción del sector energético.
A estos sectores radicales y oportunistas, protegidos bajo ciertas siglas políticas, no les interesa la economía del ciudadano ni el encarecimiento de la vida; buscan incendiar el país para instalar la falsa narrativa de que la ficción estatista de la gestión anterior era superior. Es fundamental, por supuesto, separar la paja del trigo: existen sectores productivos (transporte, agro, entre otros) con una legítima preocupación operativa frente a la cual el gobierno ya plantea medidas de mitigación como bonos y créditos, pero el chantaje nacional es inadmisible. Para que este valiente golpe de timón logre estabilizar definitivamente a la nación, la sanidad en los precios debe ser acompañada de otras decisiones estratégicas audaces.
El Ejecutivo tiene la oportunidad histórica de complementar este ajuste oxigenando la economía mediante la eliminación absoluta de restricciones a las exportaciones, incentivos tributarios agresivos y una apertura a la inversión privada que atraiga capitales para la exploración. Asimismo, es vital que el Estado ejerza plenamente su autoridad; el Estado de Excepción ampliado no es un adorno, es la herramienta constitucional para garantizar que las vías fundamentales no sean secuestradas por minorías extorsivas.
El sinceramiento del diésel no es el fin del mundo, es el fin de una mentira prolongada. Superar esta coyuntura exige que la sociedad respalde las medidas técnicas que evitan un colapso mayor, repudiando a aquellos actores tóxicos que prefieren ver al país en cenizas antes que aceptar que el modelo prebendal que ellos crearon ha fracasado de manera irreversible.
El autor es abogado.