El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización de la ciudad turística de Santa Marta, ubicada en el norte del país, tras una violenta reacción de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) frente a recientes operaciones de la fuerza pública.
La medida se tomó luego de que las autoridades abatieran a un coordinador de esta estructura criminal, identificado con el alias «Cholo» y señalado como su segundo cabecilla, junto a otros integrantes del grupo narco, lo que motivó a la organización a decretar un «paro armado» de 48 horas en el departamento del Magdalena.
La jornada posterior al operativo estuvo marcada por ataques a establecimientos comerciales, la quema de vehículos pesados en vías estratégicas y rumores que llevaron a varias zonas de la capital caribeña a amanecer desiertas.
Según reportes difundidos en redes sociales, sujetos armados a bordo de motocicletas circularon por diversos sectores disparando contra locales abiertos para obligar a la paralización del comercio y la movilidad.
OFENSIVA MILITAR
En respuesta a la escalada de violencia, unidades antiextorsión y de fuerzas especiales de la Policía Nacional reforzaron las zonas comerciales, mientras que tropas del Ejército Nacional asumieron el control de las arterias viales, incluida la carretera que conecta a Santa Marta con el departamento fronterizo de La Guajira.
Las ACSN son una organización de origen paramilitar dedicada al control de rutas del narcotráfico y a la extorsión a comerciantes, pobladores y transportadores. Su radio de influencia abarca desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta La Guajira.
PRESENCIA INSTITUCIONAL
El presidente De la Espriella se desplazó hasta Santa Marta para supervisar los operativos y patrulló personalmente el barrio Cristo Rey junto a miembros de las fuerzas de seguridad. En una declaración pública, el mandatario afirmó que su administración enfrentará «con toda la determinación» a estructuras criminales como las ACSN, Los Pachenca y el Clan del Golfo
El Gobierno también informó sobre la captura de cinco personas presuntamente relacionadas con la organización: tres en Santa Marta y dos en Riohacha. Las autoridades mantienen los operativos para establecer responsabilidades por los hechos de violencia registrados en la región.
Desde su llegada al poder en agosto, la administración actual mantiene una política de mano dura orientada a desarticular grupos al margen de la ley que operan a través del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el territorio colombiano, apoyándose para ello en alianzas de cooperación con Estados Unidos e Israel.(El Diario Ecuador)