Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, luego de que el Gobierno eliminó la subvención al diésel, corrobora que los pasajes interdepartamentales incrementaron hasta cerca del doble de su precio anterior al lunes 21 de septiembre.
De acuerdo con el informe presentado por el titular de esa cartera, Pedro Callisaya, se verificaron las tarifas de transporte terrestre en 19 terminales: 15 interdepartamentales y 14 provinciales, de 19 ciudades en los nueve departamentos del país, y 61 rutas de viaje, “donde se contrastan los precios de los pasajes de flotas normal antes del último incremento del diésel, se ha podido percibir cuál es el incremento de estos precios”.
Sostuvo que hay un promedio de variación de tarifas registrada por territorio. Entre los datos presentados, destacó que en Cochabamba se registró un incremento promedio del 81%; por ejemplo, la ruta Cochabamba-Sucre subió de Bs 123 a Bs 250. En Tarija, el aumento promedio llega al 65%, por ejemplo, en la ruta Tarija-La Paz subió de Bs 200 a Bs 370.
En Santa Cruz, el incremento promedio llegó al 63% promedio, mientras que el trayecto Santa Cruz-Beni pasó de Bs 130 a Bs 250. En Potosí, el promedio también fue del 63% y la ruta Villazón-La Paz subió de Bs 150 a Bs 300.
En Oruro, la Defensoría reportó un incremento promedio del 58%; en la ruta Oruro-Cochabamba, por ejemplo, el pasaje pasó de Bs 60 a Bs 120. También se reportaron incrementos en regiones como Chuquisaca, El Alto, La Paz, Beni y Pando.
Entre las variaciones más elevadas están Yacuiba-Tarija, que llegó al 125% de incremento, y varias rutas con incrementos del 100%, entre ellas Cochabamba-Sucre, Oruro-Cochabamba, Villazón-La Paz y Puerto Suárez-Santa Cruz.
Ante este panorama, Callisaya, alertó que esta situación acarreará impactos económicos en la población, sobre todo, en los sectores más vulnerables.
“Esto tiene su incidencia en términos de derechos humanos, el incremento de pasajes significa que se va a generar una debilidad mayor en términos económicos para el transporte y el desplazamiento de las personas. Además, hay una afectación discriminada, porque hay sectores sociales con escasos recursos económicos que se ven con mayor impacto negativo en este incremento de los pasajes”, apuntó.
Los resultados permitieron que la institución defensorial emita recomendaciones para que las autoridades las tomen en cuenta y eviten el perjuicio a la ciudadanía, sobre todo, con mayor vulnerabilidad.
“Nosotros estamos claros cono institución en generar recomendaciones y en su caso exigencias para que se realiza por parte de las instancias y autoridades competentes. Primero, la presencia preventiva y orientación: debe desplegarse la ATT, los municipios y la Policía Boliviana en esas 19 terminales verificadas para informar a los usuarios y orientar sobre los precios oficiales que en este momento rigen para el transporte”.
Además, debe haber la “exhibición oportuna y visible de las tarifas autorizadas en todos los puntos de venta” de pasajes.
Asimismo, debe protegerse a las poblaciones en situación de vulnerabilidad respetando el estudiantes, personas mayores y personas con discapacidad. Habilitarse puntos de consulta y acompañamiento accesible.
“Invocamos al diálogo y deben generarse mesas técnicas (…) el transporte es una condición material indispensable para garantizar el derecho a la salud, educación, trabajo, alimentación y servicios públicos”, manifestó Callisaya.