Ante anuncios de movilizaciones como forma de rechazo a la eliminación de la subvención al diésel, además de las advertencias de Evo Morales sobre un “levantamiento” popular contra las medidas económicas que el Gobierno viene implementando para superar la crisis, el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, reprochó que grupos radicales nuevamente hablen de confrontación, cuando se necesita trabajar para sacar adelante al país.
En criterio de la autoridad edil, ya no es novedad que sectores radicales, exautoridades y hasta viejos aliados políticos de pasados gobiernos salgan en rechazo de cuanta medida dispone el gobierno para revertir la situación de crisis provocada por el Movimiento al Socialismo después de dos décadas en el poder.
“Ya no extraña que se hable de movilizaciones, ellos qué no darían por destruir Bolivia y que se hable de confrontación. Espero que la mayoría de los bolivianos no ingrese a ese campo porque no se saca nada tratando de forzar la caída de un gobierno”, sostuvo.
En ese sentido, Reyes Villa apuntó que la situación económica del país es muy distinta a la de años atrás, cuando gobiernos como el de Evo Morales despilfarraron la bonanza histórica generada por la venta de hidrocarburos, provocando los desajustes que la actual administración debe resolver hoy.
“Ya no estamos en las épocas del MAS, cuando el ahora expresidente (Evo Morales) tuvo a su disposición más de 60.000 millones de dólares que se han mal gastado, este tiempo es otro”, explicó la autoridad, llamando a dar la vuelta a la página y trabajar gestionando recursos para el país aprovechando que distintos organismos internacionales vuelven a confiar en Bolivia.
Asimismo, pidió a autoridades de gobierno concertar con aquellos sectores que estén dispuestos a dialogar y hacer cumplir el estado de excepción con aquellos grupos que optan por la convulsión para tratar de imponer sus criterios.
“Están llegando recursos del Fondo Monetario Internacional, eso significa una garantía para que vengan otros fondos de organismos internacionales como la CAF, el BID y otros. Si no se controla esta situación y las amenazas vertidas, sería una pena no tener autoridades que hagan cumplir la ley”, finalizó.
El fin de semana, luego que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un importante acuerdo de apoyo económico con el FMI y el Gobierno determinó ampliar la vigencia del estado de excepción y poner fin a la subvención del diésel, el expresidente Evo Morales adelantó un posible levantamiento popular. “El pueblo, siento, que automáticamente se va levantar”, dijo.
La advertencia de Morales se da luego de varios anuncios de movilización de sectores en contra de las medidas económicas del presidente Rodrigo Paz.
El líder cocalero además pidió no se le responsabilice, ni a él ni a la región del Trópico de Cochabamba por una eventual protesta, afirmando que la reacción surgirá de manera automática ante el impacto de las decisiones económicas.
Desde el gobierno, el ministro de Obras Públicas Mauricio Zamora, sostuvo que la decisión de levantar la subvención del diésel le hubiera tocado al gobierno que sea y que aquí no hay ningún tema de popularidad, sino que se trata de una decisión para que la población viva en la realidad.
“A las amas de casa, a la población, tenemos que sentarnos con los diferentes sectores; esto no es un tema del gobierno actual. Esto es un problema estructural de muchos años. Esto le hubiera tocado al gobierno que sea. El tema de la subvención nos ha hecho daño”, sostuvo la autoridad en conferencia de prensa desde la ciudad de Santa Cruz.
Zamora defendió firmemente la eliminación de la subvención al diésel, calificándola como una medida “inevitable” frente a un sistema económico que tildó de insostenible.
Asimismo, aseguró que la política de subsidios aplicada durante las últimas dos décadas representó “el mayor robo” en la historia del país, acumulando un gasto superior a los 50.000 o 60.000 millones de dólares que debieron destinarse a salud, educación e infraestructura.
El ministro dijo que la administración del presidente Paz Pereira priorizó la responsabilidad fiscal por encima de los cálculos políticos.
El jefe de Estado ha sido claro. “Aquí no hay un tema de popularidad, aquí hay un tema de decisiones, y él ha tomado la decisión de que vivamos una realidad”, manifestó, argumentando que el modelo anterior obligaba a la nación a vivir bajo una mentira ideológica cuyas consecuencias deben ser asumidas ahora por toda la ciudadanía.
Uno de los principales impactos positivos de la medida, según la autoridad, es la desarticulación de los mercados ilícitos de combustible, explicando que la diferencia de precios alimentaba un negocio ilegal donde el diésel se desviaba para revenderse a precios de entre 15 y 20 bolivianos.
“Al levantar la subvención ya no hay negocio. Hemos matado esa mafia y se acabó el tema del negociado”, añadió.
Ante la preocupación colectiva por el incremento en las tarifas de transporte interdepartamental y urbano, el ministro descartó que un aumento sea la única salida.
El Gobierno puso sobre la mesa un plan de reconversión inmediata de los buses que operan con diésel hacia el Gas Natural Vehicular, garantizando el uso de un carburante más económico para frenar el impacto en los bolsillos de los usuarios.
Para operativizar esta transición y diseñar soluciones estructurales, la cartera de Obras Públicas programó mesas técnicas de trabajo conjuntas con el sector de las flotas, transportistas urbanos, alcaldías y gobernaciones.
Zamora concluyó haciendo un llamado a la unidad de los sectores sociales, incluyendo a las amas de casa y juntas vecinales, para resolver de manera conjunta este giro histórico en la economía boliviana.
