La minería del oro, cuya explotación está en manos de cooperativistas, enfrenta un dilema en el que debe encarar dos temas principales: el cuidado del medio ambiente o avanzar en su desarrollo. La Cumbre del sector se da tiempo para presentar un acuerdo y cambiar la forma de las operaciones y anular la actividad ilegal.
La actividad ilegal de la minería en el norte paceño ya tiene costos ambientales, así como efectos en la salud de los habitantes del lugar, debido a la explotación irracional y el uso intensivo de mercurio que contaminan los ríos.
“Así están prácticamente todos los ríos en los Yungas de La Paz. Soy de esta región y tengo la seguridad que a la semana aparecen dos nuevas operaciones mineras en las orillas, contaminando todo y deforestando bosques. El 85% son ilegales, pero las autoridades las dejan trabajar”, escribió la periodista Claudia Soruco en su cuenta @ClauSorucopress.
La explotación del oro lleva a reconsiderar varias opciones para que se deje de utilizar mercurio, desde la Fundación Jubileo plantean la creación de plantas procesadoras para que sean éstas las que puedan reemplazar al químico.
El representante del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Rolando Fortón Rojas, en taller “Minería del oro, oportunidades y desafíos”, realizado por la Fundación Jubileo, explicó los problemas que enfrentan la explotación de minerales, en especial del oro, y los efectos que causan al medio ambiente y salud.
Nombró que los conflictos sociales entre grupos en desacuerdos sobre diversos temas, movimientos de tierra en el norte paceño, avasallamientos en áreas protegidas, como en el Madidi, la reubicación de los cauces de los ríos en el norte paceño y bosques contaminados por mercurio provocado por las cooperativas mineras, son algunos de los problemas que afectan al medio ambiente y la salud de la población de las regiones donde se realizan actividades mineras ilegales.
Además, no dejó de nombrar al municipio de Viacha, que presentó contaminación del agua con metales pesados por culpa de la explotación minera, que habría sido autorizada por el exalcalde del Movimiento al Socialismo (MAS).
Fortón también dijo que la producción agrícola fue contaminada en el departamento de Potosí por la explotación de minerales de manera irracional.
Cooperativas
La explotación de oro está en manos de las cooperativas mineras con 95%, la privada ocupa el 5% y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) con el 0,06%.
Sólo como dato, en el período 2006–2024, las cooperativas auríferas se consolidaron como el principal productor de oro en el país. Durante ese tiempo extrajeron oro por un valor de 20.749 millones de dólares, dejando al Estado algo más de 400 millones, según el documento de la Fundación Jubileo.
A eso se debe sumar el jukeo, que son las personas que roban minerales de las empresas estatales que operan en Potosí, actividad que provoca pérdidas económicas al Estado, ya que la comercialización no pasa por los canales legales.
Medio ambiente
El analista del sector minero de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, explicó que el mercurio es muy dañino para el medio ambiente y la salud, además el uso no garantiza la recuperación del 100% del oro, por ello se plantea la instalación de procesadoras para que pueda cumplir esta tarea sin contaminar la naturaleza.
Asimismo, sostuvo que se debe descentralizar el control de la explotación de minerales, para que los municipios puedan conocer en detalle el volumen y las regalías que deben pagar para la región.
Lamentó que la labor está en manos del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), entidad que no cumplió con la tarea, debido a que los funcionarios no cumplieron con esta misión.
Por ello la comercialización se debe centralizar en manos privados bajo la fiscalización del Estado. Indicó que cada semana nace una comercializadora y no hay control sobre ellas.
Además, esa acción permitirá que los recursos de la exportación pasen por el Banco Central de Bolivia (BCB); y paralelamente, sugiere que el porcentaje de las regalías deben aumentar, debido a que la mayor tajada de la venta se lleva los que ponen el capital para la explotación, en especial del oro.
Reiteró que el control de la comercialización debe mejorar la recaudación municipal, departamental y nacional.
También propone que esos cambios deben nacer del diálogo entre el Estado, cooperativas y comunarios, y no una imposición, con reglas claras para todos.
“Debe haber una normativa ajustada a una visión o estratégica del sector, que tiene que ser parte del plan nacional de desarrollo”, señaló.
Cumbre
“Ha comenzado la redacción del anteproyecto de ley del Código de Minería, según anunció el Gobierno. Es el siguiente paso tras la Cumbre Nacional de Minería, que se desarrolló la última semana de julio entre tropiezos y sin todos los sectores involucrados. El encuentro derivó en reuniones sectoriales, sin plenaria, y expuso profundas fisuras y disidencias”, según el análisis de la periodista de Erbol, Liliana Carrillo.
El 1 de septiembre, desde el Ministerio de Minería y Metalurgia indicaron que el sector minero define ruta para construir un nuevo Código Minero.
“El Ministerio de Minería y Metalurgia reunió a líderes y representantes del sector minero para establecer las bases de la Mesa Técnica encargada de redactar el Anteproyecto de Código Minero, dando inicio a una nueva etapa de trabajo orientada a transformar los consensos y propuestas del sector en una norma moderna y viable”, sostiene la nota de prensa.
La propuesta apunta a contar con un Código Minero moderno, eficiente y perdurable, que incorpore reglas claras, seguridad jurídica, procedimientos ágiles y digitales, una nueva estructura institucional, contratos diferenciados, protección ambiental y mecanismos orientados al desarrollo económico y productivo de las regiones.
No obstante, el proyecto se enfrenta a la posición de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), pueblos indígenas y defensores ambientales, entre otros, que no participaron en la Cumbre, señala Erbol.
Propuesta
El planteamiento es montar plantas de procesamiento de gran escala que, a través de la lixiviación con cianuro como tecnología básica, recuperen el oro sin los daños medioambientales asociados al mercurio.
Esto podría realizarse a través de empresas privadas que se adjudiquen a la instalación y puesta en marcha de estas plantas. Esta propuesta no solo frena la contaminación, sino que aumenta la recuperación de oro, beneficiando económicamente al mismo productor cooperativista (por incurrir en menores costos y por una recuperación mayor del oro y más justa).
Adicionalmente, el Estado debe recuperar el control y la soberanía sobre sus recursos y los ingresos en divisas, centralizando la comercialización a través de una entidad única y eficiente, eliminando la subfacturación y el contrabando que hoy desangran los recursos del Estado.
La aplicación de las propuestas exige varias condiciones para que no haya tropiezos operativos, políticos o económicos que impidan su ejecución. (Fuente: Fundación Jubileo, documento “Oro: De problema a solución”)