Ley contra bloqueos recibe apoyo de cívicos y la CAO

La promulgación de la Ley Antibloqueo en Santa Cruz recibió el respaldo del Comité pro Santa Cruz y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), cuyos representantes destacaron la necesidad de garantizar la libre transitabilidad y evitar nuevas pérdidas económicas ocasionadas por el cierre de carreteras.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, valoró la decisión asumida por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y sostuvo que los bloqueos han generado graves perjuicios para la región, principalmente en actividades productivas, comerciales y de transporte.
Cochamanidis señaló que el cierre de carreteras no solamente afecta a quienes necesitan trasladar sus productos hasta los mercados, sino también a los sectores que dependen del ingreso oportuno de insumos para mantener sus actividades.
El dirigente cívico sostuvo que las consecuencias alcanzan especialmente al sector agropecuario, debido a que la interrupción de las vías puede impedir el traslado de productos, animales e insumos necesarios para mantener la producción.
Representantes del sector productivo, específicamente de la Cámara Agropecuaria del Oriente también expresaron su respaldo a la norma departamental y plantearon la necesidad de avanzar hacia mecanismos que garanticen el derecho a la protesta sin afectar la circulación de personas, alimentos y mercancías.
La posición de ambas instituciones apunta además a que el debate sobre los bloqueos trascienda el ámbito departamental y sea considerado a escala nacional, ante los efectos económicos que este tipo de medidas puede ocasionar en diferentes sectores.
El planteamiento surge después de períodos de conflictividad en los que los bloqueos de carreteras afectaron el transporte, la producción y el abastecimiento, situación que motivó al sector cívico y productivo cruceño a respaldar medidas destinadas a preservar la transitabilidad.
REGLAMENTO
Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías, tiene un plazo de 180 días para su reglamentación.
Ante ese escenario, el vocero departamental Rolando Schrupp remarcó que “no es lo mismo protestar que bloquear”, asegurando que la normativa busca equilibrar los derechos sin penalizar la protesta legítima.
El sistema contempla una comisión para evaluar el conflicto durante las primeras cuatro a ocho horas y activar mecanismos de respuesta inmediata que escalan de alerta amarilla a roja.
Al respecto, Schrupp remarcó que cuando la situación alcance el nivel rojo “se tiene que dar una solución, no a los bloqueadores, sino a la gente que está siendo dañada por este bloqueo”.
En ese contexto, se refirió a bloqueos que afectaron a la ciudadanía durante casi dos meses. “Nos tocó afrontar 53 días de bloqueo y la política de la Gobernación fue enfrentarlo con diálogo”, explicó el vocero, al señalar que se debe atender la demanda social antes de que el problema escale a niveles críticos.
La normativa enfatiza que el derecho a manifestarse no puede transformarse en un abuso que impida el paso de suministros básicos o la atención médica de emergencia. (Santa Cruz, agencias)
Tras un proceso de elaboración en el legislativo que se extendió durante seis meses, la administración departamental iniciará las mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad civil. “La ley nos prevé 180 días para reglamentarlo desde el Ejecutivo, donde volvemos a las etapas de socialización”, concluyó Rolando Schrupp.
SONDEO
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, reveló los resultados de un sondeo referente a los bloqueos en el país, los cuales lanzaron un rechazo general hacia esta medida de presión y que piden una ley antibloqueos.
El sondeo realizado por el IBCE entre el 7 y 10 de septiembre, encuestó a 1.362 personas. (Santa Cruz, agencias)