El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pasó en su tratamiento a la Asamblea Legislativa, compromete al Gobierno a eliminar la subvención, reducir el déficit fiscal y aumentar las reservas de divisas en los próximos años. Cada cierto período de tiempo, el organismo internacional revisará el cumplimiento de las metas.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó, en conferencia de prensa, los principales contenidos, alcances y proyecciones del programa, además de explicar el proceso económico y las medidas adoptadas por el Ejecutivo antes de llegar a este acuerdo.
“Entendemos que el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, ya establecido y cerrado a nivel técnico, no tiene nada que ocultarse. Es una continuidad del programa y de ejecución de políticas económicas que hemos llevado adelante desde el inicio de gestión”, afirmó.
De acuerdo con el FMI, la política del gobierno apuntará a eliminar la subvención a los combustibles, evitar aumento del salario, evitar contratación ineficiente de personal y paralelamente proteger el gasto social.
El Gobierno se propone eliminar las subvenciones al combustible en 2027 y aumentar el gasto en asistencia social, así como reducir el déficit fiscal.
Recordemos que la revisión se lo tenía que realizar en junio de la presente gestión, pero los conflictos sociales evitaron implementar los cambios en los precios.
En el documento, el Gobierno señala que el país se ve limitado por deficiencias en la selección de los beneficiarios de los programas sociales, debido a que no cuenta con un sistema de comprobación de medios económico y por la falta de un registro social completo.
En la pandemia se crearon bonos para mitigar los efectos del covid-19 en la sociedad boliviana, pero no llegaron a los más necesitados, porque sólo se tomaron los datos estadísticos de los beneficiarios de los bonos ya creados, como la Renta Dignidad, Juana Azurduy y Juancito Pinto.
“Nuestra primera medida será presentar un marco jurídico a la Asamblea Legislativa Plurinacional para apoyar el desarrollo de un registro social unificado, que abarque lo siguiente: i) establecer la base jurídica para la recopilación de datos y el intercambio de datos entre instituciones; ii) introducir criterios de comprobación de medios económicos para mejorar la utilización focalizada de recursos de los programas de asistencia social, y iii) definir las principales responsabilidades institucionales y mecanismos de coordinación (parámetro de referencia estructural, fines de marzo de 2027).
El docente y economistas de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, advirtió sobre la falta de una base estadística de las familias vulnerables, para que los programas y bonos lleguen a los más necesitados.
Por ello, el Gobierno adquirió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para encarar esa tarea, actualizar las estadísticas y llegar a los que realmente necesitan apoyo social.
Indicadores
Por otra parte, Morales presentó los principales indicadores que reflejan el estado de la economía al inicio de la actual gestión. Al 7 de noviembre de 2025, Bolivia registraba 3.167 millones de dólares en Reservas Internacionales Netas (RIN), de los cuales apenas 52 millones correspondían a divisas líquidas. A agosto de 2026, las RIN alcanzaron 4.399 millones, con 1.138 millones en divisas.
El riesgo país también mostró una mejora importante: pasó de 1.214 puntos básicos en noviembre de 2025 a 454 puntos en septiembre de 2026. En materia fiscal, el déficit acumulado del Sector Público se redujo de 4,5% del PIB en julio de 2025 a 0,4% en julio de 2026.
La inflación interanual, que registró un pico de 24,86% en 2025, se situó en 5,02% a agosto de 2026, resultado que el Gobierno atribuye al control del gasto fiscal y a la decisión de eliminar el financiamiento del déficit mediante emisión monetaria inorgánica.
El ministro remarcó que esas medidas comenzaron a aplicarse antes del acuerdo con el FMI y que el programa acordado con el organismo internacional, recoge una política económica definida por Bolivia para estabilizar la economía y sentar las bases de una recuperación sostenible.
El acuerdo busca reforzar tres objetivos centrales: ordenar las finanzas públicas, proteger a las familias y recuperar la capacidad productiva del país, de acuerdo con la nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Déficit
En materia fiscal, se proyecta reducir el déficit del Sector Público a 9,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, 6,4% en 2027 y 3,8% en 2028, hasta alcanzar alrededor de 2% en 2031.
El programa también contempla fortalecer las Reservas Internacionales Netas, con una proyección de 5.940 millones de dólares para 2026, 7.168 millones para 2027 y 7.973 millones para 2028, hasta alcanzar 9.067 millones en 2031.
Una economía con menor inflación permite a las familias planificar mejor sus gastos; mayores reservas y un mercado cambiario más ordenado reducen la incertidumbre sobre la disponibilidad de divisas; y unas finanzas públicas más sostenibles permiten priorizar recursos para inversión, infraestructura y protección social.
En ese sentido, la autoridad reiteró que el proceso de estabilización no dejará de lado a los sectores más vulnerables y estará acompañado por mecanismos de protección social y medidas destinadas a resguardar el ingreso de las familias.
El acuerdo financiero contempla Derechos Especiales de Giro (DEG) 1.369 millones, equivalentes aproximadamente a 1.900 millones de dólares, bajo la Facilidad del Servicio Ampliado del Fondo, con desembolsos de hasta 36 meses, un plazo de repago de hasta 10 años a partir de cada desembolso, una tasa de interés de entre 3% y 3,5% y un período de gracia de cuatro años y medio.
Morales explicó además que el efecto del acuerdo va más allá de esos recursos, porque permitirá ampliar el acceso de Bolivia a financiamiento del Banco Mundial, BID, CAF y otros organismos internacionales, con una expectativa de financiamiento total superior a 5.000 millones de dólares durante el período del programa.
