El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, llegó a Viacha para exigir respuestas por la suspensión de la búsqueda de los desaparecidos; pero terminó protagonizando un enfrentamiento con un teniente coronel al que increpó, persiguió y presionó invocando repetidamente su condición de autoridad electa. El episodio expuso una conducta que fue cuestionada incluso desde el propio Gobierno: en lugar de acudir a los canales institucionales para obtener explicaciones, Lara utilizó su investidura como una herramienta de presión frente a un militar que cumplía una misión de seguridad.
El problema no fue que el Vicepresidente quisiera saber por qué se había detenido temporalmente la búsqueda, ya que una autoridad tiene todo el derecho de exigir explicaciones ante una tragedia de esa magnitud. Lo cuestionable fue la manera en que ejerció ese derecho y dirigió su reclamo contra el teniente coronel Ronald Alvarado Peredo, encargado del resguardo del perímetro en una zona que todavía era considerada de riesgo.
El oficial explicó que la suspensión respondía a instrucciones superiores y que su función consistía en garantizar la seguridad del área, pero el reclamo continuó hasta que decidió retirarse para evitar que la discusión escalara. Lara lo siguió, volvió a exigir respuestas y le pidió su nombre y cargo, mientras el militar señaló que podía proporcionar esos datos en privado y no frente a las cámaras.
El intercambio terminó con Lara sujetando y jaloneando al teniente coronel después de que este intentara retirarse. El episodio dejó de ser una solicitud de información para convertirse en una confrontación pública con el funcionario que estaba encargado de hacer cumplir las medidas de seguridad.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, salió en respaldo del militar y sostuvo que Alvarado estaba cumpliendo una disposición adoptada para proteger la vida de las personas ante el riesgo que todavía persistía en el lugar. El titular de Defensa remarcó que las medidas de seguridad debían aplicarse a todos y que la investidura de una autoridad no podía convertirse en una excepción.
Justiniano también reivindicó la actuación del oficial y cuestionó implícitamente la idea de resolver el incidente mediante una disputa sobre quién tenía mayor autoridad. “Aquí no se trata de quién tiene más autoridad. Se trata de actuar con responsabilidad”, sostuvo el ministro, quien además garantizó su respaldo al personal militar que cumpla sus funciones dentro de la ley.
La información que buscaba el segundo mandatario podía obtenerla mediante los canales institucionales, ya sea solicitando un informe al Ministerio de Defensa o recurriendo al Comando del Ejército para conocer qué autoridad dispuso la suspensión y bajo qué criterios.
CADENA DE MANDO
El incidente expuso además una cuestión institucional que no puede resolverse invocando simplemente la jerarquía política del Vicepresidente. La Constitución establece que el Presidente ejerce la Capitanía General de las Fuerzas Armadas (FFAA) y que la institución se encuentra organizada bajo principios de jerarquía y disciplina, con una estructura específica para la transmisión y ejecución de órdenes.
La Vicepresidencia no integra esa cadena de mando operativo por el solo hecho de constituir la segunda autoridad del Estado. Sus atribuciones están vinculadas con la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la coordinación del Órgano Ejecutivo, mientras la conducción de las FFAA corresponde al Presidente y se canaliza mediante las instancias establecidas.
La excepción se produce cuando el Vicepresidente asume constitucionalmente la Presidencia, porque en ese momento ejerce las atribuciones del jefe de Estado. Mientras eso no ocurra, su investidura no lo convierte en superior operativo de un teniente coronel ni le permite sustituir las instrucciones emitidas dentro de la estructura militar.
Por ello, que el oficial no atendiera una exigencia directa del Vicepresidente no constituye por sí mismo insubordinación. Si se encontraba cumpliendo una misión asignada por sus superiores, su obligación era ejecutar esas disposiciones y mantener las condiciones de seguridad establecidas para el área.
El comandante general del Ejército, Héctor Alejandro Alarcón, respaldó al teniente coronel y explicó que este tenía la misión de supervisar el cordón de seguridad dispuesto en el lugar de las explosiones. Alarcón sostuvo que el oficial cumplió adecuadamente su función y afirmó: “Órdenes mal dadas no se cumplen”.
El pronunciamiento del comandante general de las FFAA, Víctor Hugo Valderrama, fue en la misma línea al pedir respeto para la institución y para quienes visten el uniforme, además de respaldar a los efectivos que cumplen sus funciones. La reacción de la institución militar reforzó que el problema debía analizarse desde las reglas que regulan el ejercicio de la autoridad y no desde una disputa personal.
La subordinación de las FFAA al poder civil no significa que cualquier autoridad política tenga mando directo sobre cualquier efectivo. El control civil se ejerce mediante la Constitución, las leyes y la estructura institucional, precisamente para impedir que una autoridad pueda desplazar los procedimientos establecidos por el solo peso de su cargo.
UNA ACTITUD CUESTIONADA
La actuación del Vicepresidente provocó una reacción severa del presidente Rodrigo Paz, quien dijo que el comportamiento de Lara le preocupó y calificó el perfil mostrado durante el incidente como “dictatorial y peligroso”. La crítica del jefe de Estado coloca el episodio en una dimensión política e institucional que trasciende el intercambio ocurrido en el Regimiento Bolívar.
El analista y exasambleísta, Amílcar Barral, también cuestionó la conducta del segundo mandatario y destacó la actitud del teniente coronel durante el incidente. Consideró que Lara pretendió imponerse sobre el militar mediante su investidura y cuestionó que una zona donde persistía el riesgo pudiera convertirse en escenario de una confrontación pública.
El cuestionamiento no está dirigido a la decisión de Lara de exigir explicaciones por la suspensión de la búsqueda, sino a la forma en que ejerció esa facultad. El militar al que increpó no había dispuesto la interrupción de las labores y tenía como responsabilidad hacer cumplir las medidas de seguridad establecidas en el lugar.
El episodio también expone una contradicción con el discurso de fiscalización que ha construido el Vicepresidente. Exigir información y responsabilidades forma parte de sus atribuciones políticas, pero hacerlo mediante la presión directa sobre un funcionario que cumple una función específica termina debilitando el argumento de que su actuación responde a una defensa de la institucionalidad.
La escena dejó así un saldo político adverso para Lara, porque la atención terminó concentrándose en su comportamiento y no en las respuestas que buscaba sobre la tragedia de Viacha. La autoridad que pretendía exigir explicaciones terminó enfrentando cuestionamientos por la manera en que utilizó su propia investidura.