Las víctimas de Octubre Negro anunciaron que promoverán nuevas acciones legales contra la decisión de una Sala Constitucional que dejó sin efecto el auto de apertura del juicio de responsabilidades iniciado por los hechos de 2003 y que involucra al exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y a otros exfuncionarios.
El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y abogado, Roberto de la Cruz, informó que las víctimas cuestionarán el fallo una vez que se conozca en su integridad la resolución judicial, con el objetivo de determinar exactamente cuáles son sus efectos sobre el proceso.
Según De la Cruz, la determinación constitucional no supondría la anulación de toda la investigación por Octubre Negro. Su alcance estaría concentrado en el auto de apertura del juicio de responsabilidades emitido el 25 de marzo de 2009 y en las actuaciones posteriores que se originaron a partir de esa resolución.
Uno de los principales argumentos que presentarán las víctimas está relacionado con la audiencia en la que se trató la acción de libertad promovida por Sánchez Berzaín y otros excolaboradores del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Asimismo, aseguró que ni las víctimas ni su representante legal habrían recibido la notificación correspondiente para participar en esa audiencia. A su criterio, esta omisión afectó el derecho de las víctimas a intervenir en el procedimiento constitucional y podría constituir una vulneración al debido proceso.
El abogado adelantó que, con base en ese cuestionamiento, se prepara un recurso constitucional para impugnar la determinación de la Sala. También señaló que las víctimas recurrirán a las vías legales que correspondan para evitar que el fallo afecte el proceso iniciado para establecer responsabilidades por la crisis de 2003.
En ese sentido, sostuvo que las actuaciones investigativas desarrolladas durante la etapa preparatoria no quedarían automáticamente anuladas por la resolución.
Por ello, De la Cruz consideró necesario diferenciar entre la decisión que afecta al auto de apertura del juicio y el conjunto de diligencias realizadas durante la investigación.
La Sala Constitucional declaró la nulidad de pleno derecho del auto de apertura del juicio de responsabilidades de marzo de 2009 y de los actos derivados de esa determinación, después de atender la acción presentada por Sánchez Berzaín y otros exfuncionarios.
El caso está vinculado con la crisis social y política de septiembre y octubre de 2003, período en el que la intervención de fuerzas estatales dejó decenas de personas fallecidas y provocó la salida de Sánchez de Lozada de la Presidencia.
Sánchez Berzaín, quien entonces ocupaba el Ministerio de Defensa, abandonó Bolivia tras la crisis de octubre de 2003 y posteriormente afrontó procesos judiciales relacionados con su actuación durante la represión registrada en ese periodo. (Erbol)