Advierten necesidad de prevenir una nueva crisis hídrica en La Paz

El consultor en recursos hídricos, José María Herbas Postigo, remitió una carta y un pliego de requerimientos a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), en los que reclama transparencia sobre la gestión de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) y fiscalización ante los riesgos que, a su criterio, enfrenta el abastecimiento de agua en La Paz y El Alto.
El documento también fue puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, de los alcaldes de La Paz, César Dockweiler, y de El Alto, Eliser Roca, además de las federaciones de juntas vecinales, para activar mecanismos de control sobre la administración del recurso.
La advertencia toma como antecedente la crisis registrada entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, cuando Epsas aplicó racionamientos en 94 barrios de La Paz. Aquella emergencia derivó también en denuncias y acciones penales contra ex y entonces autoridades por presunto incumplimiento de deberes y otros delitos vinculados al servicio.
Herbas sostiene que el escenario actual exige mayor previsión, porque la demanda aumentó y persisten vulnerabilidades en la infraestructura. También cuestiona la ampliación de la cobertura de Epsas hacia municipios vecinos sin que, según su evaluación, exista un balance sostenible entre oferta y demanda ni nuevas fuentes garantizadas.
El último reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), emitido el 13 de agosto, señala que El Niño continúa fortaleciéndose y existe más de 90% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno 2026-2027 del hemisferio norte. Además, asigna 69% de probabilidad a una intensidad histórica entre octubre y diciembre. NOAA aclara que un evento de gran magnitud no garantiza impactos específicos en todas las regiones.
Herbas considera que las recientes nevadas en la cordillera no representan una solución estructural ni sustituyen una planificación preventiva frente a posibles déficits hídricos.
Entre sus requerimientos plantea que los recursos de Epsas sean destinados a infraestructura de resiliencia hídrica, nuevas fuentes de captación, reducción del agua no contabilizada por pérdidas en redes y la atención del tramo provisional de tubería en Callapa-Valle de las Flores. Además, pide restringir gastos que considera superfluos, donaciones institucionales y crecimiento innecesario de la planilla salarial.
El consultor cuestiona la prolongada intervención estatal de Epsas y exige a la AAPS explicar su sustento jurídico. La Ley 2066 establece que una intervención preventiva no puede exceder seis meses improrrogables, mientras que la AAPS resolvió el 31 de diciembre de 2025 ampliar la intervención de Epsas por un máximo de 12 meses.
Frente a estas advertencias, la AAPS sostiene que el abastecimiento se encuentra en condiciones de normalidad. El 12 de agosto informó que los embalses de La Paz y El Alto estaban al 72% de su capacidad, con 44,8 millones de metros cúbicos almacenados, volumen que, según la entidad, permite garantizar el suministro hasta la próxima temporada de lluvias.
El consultor insiste en que alcaldías, organizaciones vecinales y entidades de control deben asumir una vigilancia activa y promover decisiones preventivas antes de que una contingencia climática comprometa el servicio.