El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz aprobó ayer 16 determinaciones para reforzar la seguridad, aumentar la presencia policial, enfrentar al crimen organizado y fortalecer el control en las zonas fronterizas del departamento.
Las resoluciones fueron asumidas como parte de las atribuciones del Consejo, entre ellas el seguimiento y evaluación del Plan Departamental de Seguridad Ciudadana, la coordinación entre instituciones y la promoción de acciones de prevención destinadas a reducir los hechos delictivos.
Uno de los principales planteamientos apunta a intensificar el patrullaje preventivo en todos los distritos municipales, con especial atención en los sectores identificados dentro de los denominados mapas de calor criminal.
El documento también propone fortalecer la seguridad en las fronteras mediante una estrategia integral que incluye una mayor presencia estatal y la militarización de esas zonas, en coordinación con el nivel central del Estado.
Las determinaciones incluyen además ajustes en la administración de recursos destinados a seguridad ciudadana, medidas para combatir el lavado de activos y cambios orientados a fortalecer el sistema penitenciario.
El Consejo planteó también impulsar modificaciones a la Ley N.º 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de adecuar la normativa a las actuales necesidades de prevención y lucha contra la delincuencia.
Las resoluciones buscan reforzar la capacidad operativa de las instituciones responsables de la seguridad y mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado frente al avance de hechos delictivos y del crimen organizado en Santa Cruz.
Estas son las 16 determinaciones del Consejo de Seguridad:
- Garantizar la cobertura integral y la presencia efectiva de la Policía en Santa Cruz.
Se plantea gestionar ante el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía el incremento, asignación equitativa y redistribución de efectivos, tomando en cuenta la expansión urbana, el crecimiento demográfico y los niveles de criminalidad de cada provincia.
- Optimizar la asignación de recursos presupuestarios para seguridad ciudadana.
La resolución establece garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la gestión de los recursos provenientes del IDH, priorizando infraestructura, vehículos, equipamiento y tecnología.
- Fortalecer el patrullaje preventivo e intensivo.
Se dispone reforzar los patrullajes en todos los distritos municipales y en los mapas de calor criminal. También se plantea reactivar las estaciones policiales integrales (EPI) y módulos policiales, además de garantizar combustible, mantenimiento vehicular y soporte tecnológico.
- Ejecutar una estrategia integral de seguridad fronteriza contra el crimen organizado.
Se propone coordinar con el Gobierno nacional el apoyo al denominado “Plan Frontera Segura”, reforzar el control territorial y la seguridad en rutas, pasos fronterizos e interconexiones. La resolución también plantea militarizar las fronteras, en reciprocidad con los países vecinos, para combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico.
- Crear y poner en funcionamiento el Observatorio Cruceño de Seguridad Ciudadana.
La propuesta contempla utilizar como base el Instituto Cruceño de Estadística para crear un órgano técnico que permita georreferenciar delitos, monitorear indicadores de violencia y evaluar el impacto de las intervenciones policiales.
- Garantizar la participación integral del Estado en poblaciones con presencia criminal activa.
Se plantea mantener operativos y patrullajes permanentes de fuerzas policiales y militares, además de impulsar obras de infraestructura, salud, educación y programas de empleo destinados a reducir el reclutamiento de jóvenes y menores por organizaciones criminales.
- Fortalecer la prevención y el control de factores de riesgo en Santa Cruz de la Sierra.
Se dispone intensificar controles policiales y municipales sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas y sustancias controladas, con énfasis en establecimientos nocturnos. También se plantean acciones de recuperación y vigilancia del Cordón Ecológico, prevención de incendios, videovigilancia y prevención territorial.
- Priorizar la ejecución de los recursos del IDH destinados a seguridad.
El Consejo plantea orientar estos recursos hacia infraestructura operativa, renovación del parque automotor y despliegue tecnológico, evitando destinarlos a gastos recurrentes.
- Superar la ineficiente administración de las siete cárceles del departamento.
La medida pone especial atención en Palmasola y plantea cambiar el modelo de administración hacia una estrategia de seguridad nacional e inteligencia operativa. También propone bloquear telefonía celular, Wi-Fi y radiofrecuencia mediante tecnología de geolocalización, además de rotar al personal penitenciario, reducir el hacinamiento, clasificar a los internos según su peligrosidad y avanzar en audiencias virtuales y reformas legales y judiciales.
- Fortalecer la integridad judicial.
Se propone depurar a funcionarios vinculados con actos de corrupción y brindar protección a jueces, fiscales, policías y servidores públicos probos, con el objetivo de garantizar investigaciones sólidas y condenas efectivas.
- Ejecutar operaciones de inteligencia financiera.
El Consejo plantea fortalecer la coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para detectar operaciones de lavado de activos y empresas fachada, con el objetivo de afectar la estructura económica del crimen organizado.
- Modificar la Ley N.º 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Se plantea conformar mesas técnicas para reformar la normativa, desburocratizar la gestión de seguridad en los niveles subnacionales y actualizar las competencias para otorgar mayor autonomía financiera y operativa a las regiones en apoyo a la Policía Boliviana.
- Solicitar la implementación de una distribución 50/50 de los recursos públicos.
La propuesta contempla impulsar ante el nivel central del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional un nuevo pacto fiscal que distribuya el 50% de los recursos para las entidades territoriales autónomas y el otro 50% para el nivel central, con el objetivo de garantizar recursos para las competencias de seguridad ciudadana.
- Gestionar el pago de prediarios y fortalecer la prevención del delito.
Se plantea solicitar la suspensión de la carga del pago de prediarios que actualmente asume el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, al considerar que corresponde a una competencia nacional. Los recursos liberados serían destinados a talleres, programas y acciones de prevención del delito.
- Asignar bienes incautados y decomisados para seguridad ciudadana.
Se plantea gestionar ante Dircabi la asignación de materiales, equipos, propiedades, vehículos y otros bienes incautados o decomisados a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, conforme a la normativa vigente, para fortalecer sus capacidades operativas.
- Formular y realizar seguimiento al Plan Departamental de Seguridad Ciudadana.
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz deberá formular e implementar el plan con la participación de subgobernaciones y municipios, estableciendo mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación periódica. (Santa Cruz, agencias)