Desde el año 2005 y hasta el 2025, Bolivia vivió una fantasía de precios subvencionados, aunque con un intento de despertar en diciembre de 2010, cuando el Gobierno de entonces intentó un primer ajuste que, si bien fue rechazado por la población e implicó un retroceso en la medida, significó también sumir al país en una crisis energética previsible que llegaría trece años después. Ahora el ajuste es inevitable, pero se debe proteger a las familias vulnerables, de acuerdo al análisis de la Fundación Jubileo.
Un primer intento fallido de ajustar los precios fue el año 2010. La crisis que no se controló a tiempo por cálculos políticos se expresa ahora con rigor; la importación de combustibles es cada vez mayor e insostenible para las finanzas públicas y la disponibilidad de dólares, con mercados negros y contrabando; y el ajuste es una necesidad; pero debe ir simultáneamente acompañado de políticas sociales para proteger a los sectores más pobres.
Transcurridas dos décadas de precios fijos, y ante la caída en la producción nacional de hidrocarburos líquidos de -63% iniciada el año 2015, el país importa 95 % del diésel y 60 % de la gasolina que se consume en el mercado interno. Esto hizo al país vulnerable de la geopolítica internacional que determina los precios de estos energéticos en el mundo, así como a la disponibilidad de dólares en la economía para poderlos adquirir en los mercados internacionales.
Ante esa crítica situación estructural es importante considerar: Un país que desde hace cuatro años se ha convertido en un importador neto de hidrocarburos no puede darse el lujo de sostener una subvención ciega (que no distingue a quién la necesita de quién no) a estos energéticos de forma indefinida.
También se debe considerar que es importante recordar que la subvención ciega a los hidrocarburos vigente en el país por 20 años distorsionó todo el sistema de precios en la economía, generó un costo fiscal, energético y económico insostenible para el país.
Y cualquier ajuste a los precios de la gasolina y diésel en función del precio internacional debe estar acompañando simultáneamente con políticas sociales focalizadas en la población más vulnerable que verá afectada su economía; pero sin utilizar el precio como instrumento de ayuda, porque así solo serviría para incentivar el contrabando y los mercados negros que han proliferado en el país.
El mantener precios fijos para los combustibles genera una enorme distorsión en la economía porque: Incentiva mercados negros y contrabando, debido a que quienes compran barato en el mercado interno comercializan más caro en la frontera, lo que genera pobreza energética en la población, ya que no puede acceder a los energéticos que consume de manera oportuna y suficiente.
Asimismo, ocasionan un elevado costo fiscal ya que el Estado debe cubrir la diferencia entre el precio internacional al que compra combustibles y el precio al cual los comercializa en el mercado interno.
Así como implica un sacrificio económico, ya que YPFB o las empresas privadas requieren dólares (escasos en la economía nacional) para la compra de combustible que se ve distorsionada por una sobredemanda de diésel o gasolina que en gran medida terminan siendo destinados al contrabando.
