La decisión judicial de otorgar medidas sustitutivas a Adrián Lema, el joven de 22 años investigado por el intento de sacar 189 kilos de oro desde el aeropuerto internacional de Viru Viru con destino a Dubái, generó críticas sobre el manejo de la justicia en procesos de alto impacto económico, mientras la Fiscalía Departamental de Santa Cruz apeló el fallo y pidió mantener su detención preventiva.
La determinación judicial generó cuestionamientos del abogado y exdirector de la Vicepresidencia, Jaime Soliz Phiel, quien durante una transmisión en vivo en sus redes sociales cuestionó la actuación del sistema judicial y sostuvo que el caso refleja un patrón de impunidad en procesos de alto impacto económico.
Soliz sostuvo que la liberación del joven no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de resoluciones judiciales que, a su juicio, favorecen a personas investigadas en casos vinculados con grandes movimientos de dinero.
«Si antes la justicia estaba dominada por el poder masista, ahora que se le dio independencia de poderes se volvió un terrible asco de lo que había sido. Es una vergüenza nacional lo que está pasando en este momento en la administración de justicia», afirmó.
El abogado señaló que la decisión de otorgar medidas sustitutivas a Lema resulta cuestionable considerando la magnitud del caso, en el que inicialmente se investigaban delitos como legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y contrabando vinculados a la actividad minera. En ese contexto, aseguró que la determinación judicial «no fue gratis» y atribuyó el fallo a hechos de corrupción.
Para respaldar su posición, Soliz recordó otros procesos que, según dijo, terminaron con decisiones similares. Entre ellos mencionó el caso de la exdiputada Laura Rojas, quien fue investigada tras el ingreso de 32 maletas al país en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos. Según afirmó, la Fiscalía no logró establecer el contenido ni el destino de ese equipaje durante la investigación y posteriormente la exlegisladora recuperó su libertad.
También hizo referencia al caso de la hermana de Sebastián Marset, quien obtuvo su libertad dentro del proceso que enfrentaba, y al del exministro Mauricio Medinaceli, a quien responsabilizó por la importación de combustible de mala calidad que, según sostuvo, ocasionó daños a cientos de vehículos en el país.
A partir de estos casos, Soliz afirmó que existe un trato diferenciado entre las personas investigadas por delitos de gran impacto económico y quienes enfrentan procesos por hechos comunes. «Todos los casos millonarios salen libres», sostuvo, al señalar que quienes manejan importantes recursos económicos logran acceder a beneficios judiciales en poco tiempo.
En contraste, aseguró que miles de personas permanecen privadas de libertad sin contar con una sentencia ejecutoriada. Según indicó, la mayoría de la población carcelaria se encuentra con detención preventiva por delitos menores o conflictos familiares, situación que, a su juicio, evidencia un sistema que castiga con mayor dureza a quienes no cuentan con recursos económicos.
Durante su pronunciamiento, Soliz también dirigió sus críticas a las principales autoridades encargadas de la administración de justicia y del Ministerio Público. Afirmó que la corrupción alcanza a diferentes niveles del sistema judicial y cuestionó que no existan resultados concretos en la lucha contra estos hechos.
En la parte final de su mensaje, el abogado responsabilizó al Gobierno por no haber impulsado las reformas que, según dijo, eran necesarias para transformar la justicia y la Policía. Señaló que modificar la estructura policial requería únicamente decisiones administrativas y sostuvo que no existió voluntad política para encarar esos cambios.
Finalmente, advirtió que la situación institucional se agrava por el contexto económico que atraviesa el país. Mencionó la escasez de combustibles que afecta a distintas regiones y el incremento de la cotización del dólar en el mercado paralelo, factores que, en su criterio, anticipan un escenario aún más complejo si no se adoptan medidas de fondo para enfrentar tanto la situación económica como los problemas de la administración de justicia.
Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público impugnó la resolución emitida por la Sala Penal que revocó la detención preventiva de Lema y le otorgó medidas sustitutivas, entre ellas detención domiciliaria, arraigo, presentación periódica ante la Fiscalía y una fianza económica de Bs 200.000.
La autoridad explicó que la comisión de fiscales solicitó mantener la detención preventiva al considerar que era la medida idónea para garantizar la presencia física del imputado durante el desarrollo de la investigación.
Lema permanecía como el único detenido dentro del proceso por el fallido intento de exportación ilegal de 189 kilos de oro, cargamento que fue interceptado en julio cuando pretendía ser enviado en un vuelo con destino a Dubái. Sin embargo, su abogado defensor confirmó que Lema ya se encuentra en su domicilio.
La información fue confirmada por el gobernador de Palmasola, Rubén Darío, quien detalló que Lema dejó el recinto penitenciario el pasado viernes.