Explicando que la compra y venta de diésel a montos que no corresponden al precio internacional, además de conflictos bélicos y distorsiones por efecto del contrabando afectan seriamente la economía nacional, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que el Decreto Supremo 5676, sincera los costos para acabar con el desangramiento de recursos del Tesoro General del Estado (TGE).
“Lo que se ha estado dando en el pasado es que se han sacrificado reservas internacionales netas; se ha llegado a vender el oro de este país para poder cubrir el precio de un combustible que en su momento producíamos y que, por la falta de inversión en el pasado, hoy en día tenemos que importar”, explicó la autoridad.
Aramayo sostuvo que el Estado, en vez de “comprar caro y vender barato” el diésel, debiera financiar infraestructura como escuelas, hospitales y caminos; sin embargo, utiliza ese dinero en carburante costoso que, luego de llegar al mercado local, sale de contrabando al exterior.
El ministro añadió que llegó el momento de asumir con honestidad que el microcontrabando está a todo nivel, porque el diésel se desvía al exterior en cisternas y tanques de vehículos. Los contrabandistas aprovecharon la circunstancia de revender el diésel adquiriéndolo más barato en territorio nacional respecto al costo que tiene en los cinco países limítrofes con Bolivia.
“Estos compran el carburante a 9,80 bolivianos y lo revenden en países vecinos o en el mercado negro a más de 15 y hasta 20 bolivianos”, complementó.
El contrabando provoca desabastecimiento y grandes filas por la presunta escasez o falta de provisión de diésel, cuando el actual Gobierno está adquiriendo el carburante en la cantidad que requiere el consumidor nacional. “De la noche a la mañana no se puede cambiar toda una arquitectura de tanto tiempo de corrupción”, expresó Aramayo.
Indicó además que, el Decreto Supremo 5676 expresa que ahora se está gobernando “sin mentiras”, porque el precio del diésel será producto de una variabilidad, así como ocurre en todo el mundo, y no de un financiamiento obligado desde el Estado.
