La Fiscalía imputó formalmente a la exdirectora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del caso gasolina basura y solicitó seis meses de detención preventiva en un centro penitenciario, al considerar que existen riesgos de que la investigada no se someta al proceso o pueda obstaculizar las pesquisas.
Durán fue trasladada durante la madrugada de ayer desde Santa Cruz hasta La Paz en un vuelo comercial y posteriormente ingresó a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permaneció a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
La exfuncionaria fue aprehendida el lunes, después de presentarse voluntariamente ante los investigadores para prestar su declaración en calidad de sindicada. Tras esa actuación, la comisión de fiscales formalizó la imputación y planteó la detención preventiva como medida cautelar.
De acuerdo con la resolución fiscal, el Ministerio Público sostiene que existen elementos para considerar a Durán como presunta autora de los hechos investigados y advierte riesgos procesales vinculados con su sometimiento al proceso y una eventual obstaculización de la investigación.
La Fiscalía atribuye a la exdirectora jurídica responsabilidades relacionadas con la adquisición de combustibles de baja calidad que posteriormente fueron comercializados en el país y que, según la investigación, habrían provocado daños en motores de vehículos.
Parte de la argumentación fiscal está relacionada con el cargo que Durán ocupaba en YPFB. La imputación señala que la Gerencia Legal funcionaba como una unidad transversal de asesoramiento para contratos y que, por su posición jerárquica, la exfuncionaria tenía un deber especial de diligencia sobre los actos jurídicos sometidos a su conocimiento, especialmente aquellos vinculados con operaciones de elevado impacto económico.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que Durán sería sometida a una audiencia cautelar en La Paz y que la comisión de fiscales solicitaría la medida excepcional de detención preventiva. La audiencia estaba prevista para este martes, por lo que su resultado definirá si la solicitud fiscal es aceptada y bajo qué condiciones deberá afrontar el proceso.
La investigación busca establecer las responsabilidades relacionadas con la adquisición de los combustibles cuestionados y determinar la participación de funcionarios en las operaciones observadas.
El caso cobró relevancia por los cuestionamientos a la calidad de la gasolina adquirida por YPFB y sus efectos en vehículos que utilizaron el combustible. La Fiscalía sostiene que estos hechos generaron daños que ahora son parte de la investigación penal.
Con la imputación formal, el Ministerio Público plantea ahora una medida de privación de libertad por seis meses. La decisión, sin embargo, corresponde a la autoridad jurisdiccional, que deberá valorar los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa antes de definir la situación cautelar de Durán.
Hasta el cierre de la presente edición, la audiencia de medidas cautelares había dado inicio, con el objetivo de definir la situación jurídica de Durán. (Con información de Unitel)