La defensa de la exdiputada, Laura Rojas, prepara un nuevo frente judicial en el caso maletas, mientras busca concretar la detención domiciliaria que le fue concedida por la Justicia. Rojas salió ayer de Palmasola para cumplir un microaspirado a tres maletas en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y realizar su registro de arraigo, pero retornó al penal debido a que aún está pendiente la aceptación del garante exigido para hacer efectiva la medida sustitutiva.
El abogado de la exautoridad, David Chávez, informó que, una vez realizado el procedimiento sobre las tres maletas, la defensa planteará un incidente de exclusión probatoria. El argumento será que existen cuestionamientos sobre la cadena de custodia de esos elementos, por lo que buscarán que sean apartados del proceso.
De esta manera, la defensa encara dos asuntos de manera paralela: por un lado, intenta que Rojas pueda dejar Palmasola y cumplir detención domiciliaria; por otro, prepara una impugnación contra parte de la evidencia que sustenta la investigación.
Rojas fue trasladada en horas de la mañana de ayer desde el recinto penitenciario hasta la Fiscalía, donde debía participar en el microaspirado solicitado por el Ministerio Público. La diligencia se realizó sobre tres maletas que forman parte de la investigación y posteriormente la exdiputada cumplió con el registro de arraigo.
Tras concluir las actuaciones, la exdiputada de Creemos fue trasladada nuevamente a Palmasola. No brindó declaraciones a los medios y permanecerá en el penal mientras se terminan de cumplir los requisitos establecidos por la autoridad judicial.
La Justicia modificó el 3 de agosto la situación cautelar de la exdiputada y sustituyó su detención preventiva por detención domiciliaria sin escolta. La resolución también estableció una fianza de Bs 50.000 y arraigo.
Sin embargo, la decisión todavía no se tradujo en su salida definitiva del penal. El punto pendiente está relacionado con el garante que debe respaldar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la jueza de control jurisdiccional.
Chávez explicó que la defensa ya presentó la documentación del garante, pero la jueza realizó observaciones que posteriormente fueron subsanadas. El equipo jurídico espera ahora que la autoridad judicial determine si la persona propuesta cumple las condiciones para ser aceptada.
El abogado señaló además que Rojas enfrenta dos procesos, uno por delitos anticorrupción y otro por tráfico de sustancias controladas, ambos relacionados con la investigación por el ingreso irregular de más de 30 maletas.
La exdiputada fue aprehendida el 26 de enero, después de presentarse a declarar ante las autoridades, y dos días después un juez determinó su detención preventiva por 180 días en Palmasola. El 29 de enero fue trasladada al recinto penitenciario.
La investigación cobró relevancia después de la difusión de imágenes de cámaras de seguridad del aeropuerto internacional Viru Viru, donde Rojas aparece tras arribar en un vuelo chárter. Según la investigación, en ese vuelo fueron trasladadas 31 maletas que posteriormente quedaron bajo análisis de las autoridades.
Desde su ingreso a Palmasola, Rojas había solicitado en varias oportunidades modificar las medidas cautelares para afrontar el proceso bajo otras condiciones. Esos pedidos no habían prosperado hasta la audiencia del 3 de agosto, cuando la Justicia determinó sustituir la detención preventiva.
A la espera de que se valide el garante para hacer efectiva la detención domiciliaria, la defensa de Rojas también prepara un cuestionamiento sobre la evidencia del caso.
De concretarse la medida, la exautoridad podría dejar el penal de Palmasola entre este miércoles y jueves, según informaron autoridades vinculadas con el caso. En paralelo, su defensa busca cuestionar la validez de las tres maletas dentro de la investigación.
CUESTIONAN MEDIDAS
La decisión judicial también generó críticas de legisladores, que cuestionaron que Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, quien también fue beneficiado con medidas sustitutivas por el mismo caso, puedan continuar sus procesos fuera de la cárcel mientras la investigación sigue en curso.
El senador de Alianza Libre, Leonardo Roca, observó que el uso de los plazos de la detención preventiva termina permitiendo que los investigados accedan a medidas alternativas cuando los procesos no avanzan. A su criterio, esta situación se repite en casos de alta repercusión y puede contribuir a que las resoluciones pasen inadvertidas.
En la misma línea, la senadora de APB-Súmate, Claudia Mallón, consideró que la sustitución de la detención preventiva por el cumplimiento de los plazos se convirtió en una práctica recurrente dentro del sistema judicial. La legisladora pidió investigar la actuación de los operadores de justicia que intervinieron en las decisiones sobre Rojas y Zeballos.
Por otra parte, el exasambleísta, Amílcar Barral, había advertido sobre el desarrollo del caso. El exlegislador señaló que la falta de avances en la investigación podía terminar favoreciendo a los involucrados, particularmente a Rojas, debido al paso del tiempo y al vencimiento de los plazos.
Barral también había cuestionado la falta de resultados sobre las maletas que dieron origen al proceso y otros elementos mencionados durante la investigación. A su criterio, la demora en las actuaciones podía debilitar el caso y favorecer que los responsables no llegaran a responder ante la justicia. (EL DIARIO y agencias)