Lo ocurrido en la ciudad española de Ceuta —frontera con Marruecos—, difícilmente puede calificarse como un fenómeno migratorio convencional. La magnitud del ingreso masivo e ilegal de decenas de miles de marroquíes, acompañado de episodios de violencia, desorden y múltiples actos delictivos, excede ampliamente los parámetros de una migración regular. Cuando una frontera es vulnerada de manera colectiva y el orden público resulta gravemente alterado, el debate deja de centrarse, exclusivamente, en la movilidad humana y pasa a involucrar la soberanía del Estado, la seguridad de sus ciudadanos y la vigencia del Estado de derecho.
Lo más preocupante, sin embargo, fue la reacción de buena parte de las autoridades políticas e instituciones españolas. El gobierno de Pedro Sánchez y diversos representantes de la Iglesia católica en España, optaron por enfatizar la protección de los derechos humanos de quienes ingresaron ilegalmente al territorio español.
En contraste, la situación de los habitantes de Ceuta pareció quedar relegada a un segundo plano. Las viviendas ocupadas o destruidas, los comercios saqueados, las agresiones contra mujeres y el deterioro generalizado de la ciudad, evidenciado incluso por la acumulación de basura y desechos, no tuvieron cobertura dentro de un discurso mediático, que, parecía concentrarse exclusivamente en los derechos de los migrantes.
Conviene recordar que la migración posee una definición jurídica y conceptual claramente establecida. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la entiende como el cambio de residencia que implica el cruce de un límite geográfico o administrativo, mientras que el Derecho Internacional reconoce el derecho soberano de los Estados a determinar la legalidad de los flujos migratorios, especialmente cuando éstos adquieren dimensiones masivas. La migración, por tanto, no constituye un fenómeno ajeno al orden jurídico, sino una realidad que debe desarrollarse dentro de un marco de legalidad y respeto por las normas de cada nación.
La historia demuestra que el fenómeno migratorio ha enriquecido a las sociedades y favorecido el intercambio entre culturas. El migrante busca oportunidades, estabilidad y un futuro mejor; incluso la tradición cristiana recuerda que la Sagrada Familia vivió una experiencia migratoria. No obstante, lo sucedido en Ceuta responde a objetivos políticos que trascienden la búsqueda de mejores condiciones de vida. Entre ellos se encuentran la islamización progresiva de Europa, la obtención de nacionalidades europeas para influir en las decisiones políticas del continente y el debilitamiento de las raíces cristianas que durante siglos configuraron la identidad cultural de Occidente.
Resulta igualmente llamativo que este proceso parezca desarrollarse con la anuencia de gobiernos de países que fueron, durante siglos, referentes de la cultura europea y de la fe cristiana, entre ellos: España, Bélgica, Alemania y Francia. La impresión que dejan muchas de sus decisiones es que una Europa crecientemente musulmana —o, en su defecto, profundamente secularizada— ya no constituye un escenario indeseable. En esa lógica, las convicciones religiosas del Islam, las enseñanzas de Mahoma y la voluntad de Alá parecieran adquirir una relevancia superior a la defensa de la ley, la identidad cultural y el patrimonio histórico que dieron forma a la civilización europea.
No deja de ser simbólico que la palabra «ojalá», que etimológicamente significa «que se haga la voluntad de Alá» sea la expresión que resuma la actitud de quienes hoy gobiernan buena parte de Europa. Mientras el viejo continente atraviesa profundas transformaciones demográficas, culturales y religiosas, episodios históricos como la batalla de Lepanto parecen desvanecerse de la memoria colectiva. Quizá ese olvido sea uno de los signos más evidentes de una Europa que ha comenzado a renunciar a los fundamentos que durante siglos definieron su identidad.
El autor es teólogo, escritor y educador.