Las decisiones judiciales evidencian que manipulación política continúa

Cuestionando que los principales instigadores de los recientes bloqueos en el país se beneficien con detención domiciliaria e impunidad, el exdiputado Amílcar Barral observó que la justicia continúa siendo manejada bajo criterios políticos, pese al compromiso de autoridades para encarcelar a todos los responsables de una movilización que afectó gravemente a la economía nacional.
En criterio del exlegislador nacional, determinaciones judiciales favorables a quienes impulsaron, ejecutaron y financiaron las movilizaciones que paralizaron el país entre los meses de mayo y junio de la presente gestión, nuevamente llevan a cuestionar el rol de los administradores de justicia, esto por la benevolencia con que se trata a los responsables de un perjuicio enrome para el país.
Asimismo, reprochó que desde la justicia no se tome en cuenta todo el daño que sectores movilizados con intereses políticos le provocaron a la población boliviana, privándola de alimentos, distribución de carburantes y acceso a la salud.
“La justicia está peor que antes, es corrupta, está politizada y paga favores. 53 días hemos sufrido los bolivianos, especialmente los paceños, por los bloqueos liderados por dirigentes y sus financiadores, quienes nos han tenido secuestrados durante todo ese lapso de tiempo”, indicó.
Según Barral, luego que autoridades de gobierno anunciaron el inicio de procesos contra todos los responsables por 53 de días de bloqueo, a pesar de la lentitud con que avanzan dichas investigaciones, se procedió a la aprehensión de varios dirigentes; sin embargo, es lamentable que recientemente la justicia haya beneficiado con medidas sustitutivas a la totalidad de los detenidos por este caso.
“El Gobierno ha prometido que se iba a detener a todos los causantes de ese perjuicio y se lo ha hecho. Se está deteniendo a los causantes de todo eso, algunos se mantienen impunes como (Mario) Argollo, (Nilton) Condori, Evo Morales, David Mamani y otros, pero, a los que si se los detuvo, se les está dando detención domiciliaria”, cuestionó Barral, apuntando que el exdiputado Freddy Mamani, David Quispe y Justino Apaza son parte de la línea dura del “masismo”, misma que responde a los intereses de Evo Morales.
En su análisis, la benevolencia con que autoridades judiciales han actuado en el caso de estas personas, evidencia cierto grado de corrupción y favorecimiento hacia aquellos personajes políticos que anteriormente ostentaban el poder.
“Aquí se ve la mano de la justicia, del Ministerio Publico, de la Fiscalía, de jueces corruptos que continúan manejando la justicia en el país. No puede ser que esto quede en la impunidad como otros casos, son 53 días que ha sufrido todo el pueblo de Bolivia, especialmente los paceños”, sostuvo el exdiputado.
Esta semana, la justicia modificó la medida cautelar impuesta al dirigente vecinal Justino Apaza, uno de los imputados por los bloqueos de mayo y junio, y dispuso su detención domiciliaria, con lo cual podrá salir de la cárcel de San Pedro una vez complete los trámites respectivos, informó su abogado Curmi Rocha.
Apaza ejercía como presidente de la federación de juntas vecinales departamental y fue uno de los impulsores de las protestas que generaron los bloqueos de caminos.
El jurista explicó que inicialmente en junio Apaza fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de San Pedro. Sin embargo, señaló que un juez constitucional ordenó modificar esa resolución y que la Sala Penal Cuarta dio cumplimiento a esa disposición al sustituir la medida por detención domiciliaria.
Precisó que la detención domiciliaria fue concedida sin permiso de salida laboral. Además, Apaza debe cumplir otras medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de acercarse a las presuntas víctimas, de concurrir a las instalaciones de la federación de juntas vecinales y la obligación de tramitar el arraigo migratorio.
El abogado indicó que se gestionan los documentos requeridos ante la Dirección General de Migración, el Ministerio Público y otras instancias para ejecutar la resolución judicial.
Según su estimación, esos trámites podrían concluir la próxima semana, una vez que las entidades competentes emitan la documentación necesaria.
Rocha también confirmó que la resolución establece una fianza económica de Bs 40.000, cuyo cumplimiento está pendiente de la emisión de la boleta correspondiente.
En criterio de Barral, es reprochable que este tipo de determinaciones se asuman justo en días de feriado, cuando la población está enfocada en otros temas y no puede manifestarse en rechazo de una medida que, “desde todo punto de vista, es un acto corrupto”.