El creciente uso de calles, aceras y otros espacios públicos de La Paz por parte del comercio informal no podrá ser enfrentado únicamente con nuevas prohibiciones. La solución pasa por recuperar la capacidad de regulación del Gobierno Municipal, mantener presencia permanente de guardias municipales, sensibilizar a la población y atacar las condiciones que sostienen la demanda de productos y servicios en las calles, según el análisis de la doctora en antropología Luz Castillo.
Para la especialista, el problema debe ser entendido más allá de la presencia de vendedores en determinados sectores de la ciudad. En su criterio, detrás de la expansión del comercio callejero existen factores económicos, migratorios, laborales y urbanos que durante décadas fueron transformando la manera en que los habitantes utilizan el centro paceño.
Castillo identifica, entre esos factores, el escaso control al ingreso de mercadería de contrabando, la permanente migración hacia las ciudades, el crecimiento de la economía informal y la concentración de oficinas públicas, universidades, colegios y comercios en espacios reducidos.
Esa concentración genera diariamente miles de potenciales consumidores que permanecen durante largas jornadas fuera de sus viviendas y demandan alimentos, bebidas, golosinas y otros productos de fácil acceso.
“Cuando hay demandas surgen las ofertas”, explicó Castillo, al señalar que el comercio informal ocupa precisamente los lugares donde existe mayor circulación de personas y posibilidades de venta.
La antropóloga identifica tres actores centrales en el fenómeno: quien demanda un producto, quien lo ofrece y la institución responsable de ordenar y regular el espacio público. A ellos se suma el transporte público y privado, que también busca operar en las zonas de mayor concentración de personas y contribuye a la saturación de calles y avenidas.
En ese escenario, Castillo considera que uno de los principales problemas es la debilidad de las instituciones encargadas del control.
“El Estado no está jugando su rol ni en el control de mercaderías de contrabando ni en el ordenamiento territorial que le corresponde a un gobierno municipal”, sostuvo.
La situación se agrava, según su análisis, porque determinadas asociaciones de comerciantes adquirieron una capacidad de organización que dificulta las intervenciones municipales. Afirmó que existen antecedentes de enfrentamientos y agresiones contra funcionarios y ciudadanos cuando se intenta modificar la ocupación de determinados espacios.
Por ello, considera insuficiente aprobar nuevas disposiciones si estas no vienen acompañadas de mecanismos permanentes para garantizar su aplicación.
“No es cuestión de una ley”, aseveró.
Castillo señaló que una eventual política para recuperar calles y aceras necesita continuidad. A su juicio, una prohibición que no cuente con funcionarios suficientes para hacerla cumplir terminará perdiendo efectividad.
“Para eliminar requieres no solo normas, sino gendarmes municipales que hagan que la norma sea sostenible”, explicó.
Como ejemplo mencionó el atrio de la iglesia de San Francisco, donde la delimitación física permitió proteger parte del espacio, aunque el comercio continuó desarrollándose en sectores próximos. Castillo sostiene que, experiencias de ese tipo demuestran que recuperar un lugar es solo el primer paso: el desafío verdadero es impedir que vuelva a ser ocupado.
Una segunda alternativa podría consistir, según la especialista, en generar mecanismos de cooperación con actores que utilizan determinados espacios y que pueden contribuir a preservarlos. Citó el caso de los lustrabotas de San Francisco como un ejemplo de grupos que, al ocupar un área determinada para trabajar, también ejercen cierto control sobre ella.
Sin embargo, para Castillo la intervención municipal debe acompañarse necesariamente de educación ciudadana porque el comercio callejero subsiste mientras exista una demanda constante.
“No sé si el verdadero problema es el gremial que ofrece respondiendo a una demanda, o el consumidor que busca eso, se acostumbra y no le sabe poner un freno tampoco”, observó.
Por esa razón plantea impulsar campañas sostenidas para evitar que los ciudadanos compren indiscriminadamente en las calles y promover modificaciones en hábitos cotidianos que alimentan la expansión de puestos improvisados.
La especialista dijo que incluso existen sectores en los que el comercio desaparece sin necesidad de una prohibición expresa debido simplemente a la falta de compradores.
Mencionó como ejemplo algunos antiguos quioscos de venta de libros de la avenida Montes y determinados sectores próximos a la Casa Grande del Pueblo donde, según su observación, los vendedores no consiguen consolidarse porque existe poca demanda.
Para Castillo, ese comportamiento demuestra que reducir el consumo callejero también puede limitar la expansión de la oferta.
La situación se observa con particular intensidad en zonas donde se concentran centros educativos y oficinas. Como ejemplo mencionó la calle Capitán Ravelo, entre la Universidad Mayor de San Andrés y la plaza Bolivia, donde funcionan varias instituciones universitarias y existe demanda permanente de almuerzos, jugos, dulces, servicios de internet y otros productos.
“Esta falta de planificación, de ordenamiento, hace que surjan estos negocios. Entonces este comercio informal, formal o en vía pública es más bien el síntoma, no es tanto la enfermedad”, aseguró.
El problema de fondo, según Castillo, es el deterioro progresivo de la calidad de vida urbana y la transformación de los hábitos de los habitantes. Personas que anteriormente podían regresar a sus viviendas durante la jornada laboral ahora permanecen diez, doce o más horas en el centro y necesitan abastecerse de diferentes productos durante el día.
A ello se suma la gran cantidad de ciudadanos que diariamente se desplazan desde El Alto y desde zonas periféricas de La Paz hacia el centro administrativo y comercial.
La consecuencia es una creciente saturación del espacio urbano que afecta tanto a residentes como a peatones y visitantes.
“El centro histórico de La Paz ya no es para vivir. Ahora es un lugar para estresarse, para angustiarse y sufrir”, señaló Castillo, quien considera que el área central está perdiendo progresivamente su condición residencial mientras concentra cada vez más actividades administrativas y comerciales.
Ese proceso, agregó, también repercute en la imagen de la ciudad y puede provocar que turistas y visitantes prefieran otros sectores donde existen mejores condiciones de circulación.
Frente a esta realidad, propone que la tecnología podría contribuir a disminuir la presión sobre el centro urbano. La digitalización de trámites, servicios y determinadas actividades laborales permitiría reducir los desplazamientos diarios y, en consecuencia, la concentración de consumidores que alimenta el comercio en vía pública.
“Una posibilidad de reducir este problema es migrar a la actividad virtual, porque así no habrá demanda y la oferta baja”, sostuvo.
La antropóloga considera que esta alternativa tendría particular importancia en una ciudad donde miles de personas deben recorrer grandes distancias para llegar hasta las zonas administrativas del centro.
Castillo advierte, sin embargo, que mientras el Gobierno Municipal no disponga de recursos humanos y económicos suficientes para hacer cumplir sus propias disposiciones, las organizaciones que ocupan espacios públicos continuarán fortaleciéndose.
“Son el nuevo gobierno municipal, los gremiales. Están haciendo su gobierno a su modo, ocupando el espacio público; mientras el ciudadano les siga comprando, ellos felices, se están reproduciendo”, afirmó.
Para la especialista, recuperar las calles paceñas exige, por tanto, una estrategia simultánea: fortalecer el control municipal, garantizar presencia permanente de funcionarios, ordenar territorialmente las actividades comerciales, combatir el ingreso ilegal de mercaderías desde las instancias nacionales, descentralizar servicios, utilizar tecnología para reducir desplazamientos y desarrollar educación ciudadana.
Sin esas acciones coordinadas, advierte, la expansión del comercio informal continuará acompañando el deterioro del espacio público y de las condiciones urbanas.
“Esta pérdida de calidad de vida hace que La Paz no sea una ciudad habitable, sino sufrible”, concluyó.
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