El Gobierno y la Cámara Inmobiliaria de Bolivia acordaron mantener durante agosto los planes de pago previamente pactados con las empresas que forman parte de esa organización, mientras se analiza una solución a la controversia por el tipo de cambio aplicado en los contratos de compra de bienes.
El acuerdo fue anunciado ayer en Santa Cruz, después de una reunión entre autoridades gubernamentales y representantes del sector inmobiliario. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que desde el lunes se instalarán mesas de trabajo técnico para facilitar la continuidad de los pagos y el cumplimiento de los contratos.
Las autoridades ratificaron que garantizarán la aplicación de la normativa vigente y la seguridad jurídica de los contratos. Sin embargo, advirtieron que intervendrán cuando se detecten cláusulas abusivas, disposiciones contrarias a la ley o cobros que superen los límites permitidos.
Espinoza señaló que Defensa del Consumidor y los organismos reguladores actuarán en los casos en que los contratos incluyan condiciones ilegales o perjudiciales para los compradores.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, destacó la predisposición de las empresas que presentaron propuestas para resolver la controversia, aunque afirmó que las autoridades encontraron numerosas irregularidades en el rubro.
Justiniano sostuvo que el Gobierno busca diferenciar a las empresas inmobiliarias serias de los denominados “piratas”, a quienes acusó de ingresar al sector para actuar de manera irregular y aprovecharse de personas que adquirieron terrenos con la expectativa de contar con una propiedad.
La autoridad remarcó que los contratos deben respetarse, pero precisó que Defensa del Consumidor revisa su contenido y emite una certificación para verificar que estén libres de cláusulas abusivas. Según explicó, ese procedimiento se realiza en todos los casos analizados.
El Gobierno y los representantes del sector inmobiliario continuarán el trabajo técnico durante agosto para definir una salida a la controversia por el tipo de cambio, sin modificar entretanto los planes de pago previamente acordados con las empresas integrantes de la Cámara Inmobiliaria de Bolivia.