La contaminación por mercurio asociada a la minería aurífera ha dejado de ser únicamente una denuncia de las comunidades indígenas de la Amazonía boliviana. Investigaciones científicas desarrolladas en poblaciones asentadas en las riberas de los ríos Beni y Madre de Dios documentan concentraciones elevadas de este metal en el organismo de sus habitantes, además de alteraciones que podrían comprometer el sistema nervioso, el hígado, los riñones y la salud cardiovascular.
Los resultados forman parte del libro Mercurio y salud en la Amazonía boliviana, presentado durante la segunda quincena de julio. La publicación reúne investigaciones, datos clínicos, análisis de laboratorio, gráficos y estadísticas destinados a demostrar las consecuencias de la exposición al mercurio y a proporcionar elementos científicos para exigir respuestas efectivas de las autoridades.
El autor del estudio, Roger Carvajal, jefe de Biomedicina e investigador del Servicio de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), explicó que el trabajo busca colocar la evidencia científica en manos de las comunidades indígenas y de las organizaciones que defienden el medioambiente.
“El objetivo es darles instrumentos de orden científico generados por la academia a las comunidades, a las organizaciones que defienden el medioambiente, para que interpelen al Estado sobre bases documentadas y críticas, porque hasta ahora se han ido negando esos efectos y con esto estamos demostrando que sí hay afectación y daño”, afirmó durante la presentación de la obra.
La investigación concentra su atención en poblaciones ribereñas ubicadas aguas abajo de zonas donde se desarrolla la explotación de oro. En esa actividad, el mercurio es empleado para separar y recuperar el mineral, pero parte de la sustancia termina liberada en el suelo, el aire y los cursos de agua. Una vez incorporado al ecosistema acuático, puede acumularse en peces y avanzar por la cadena alimentaria hasta llegar a las personas.
Esta situación representa una amenaza particular para los pueblos amazónicos cuya alimentación depende, en gran medida, del pescado. La exposición no se limita a un episodio aislado, sino que puede prolongarse durante años por el consumo habitual de especies contaminadas y a la permanencia del mercurio en los ecosistemas.
Los análisis incluidos en la publicación muestran resultados que los investigadores califican como alarmantes. Nueve de cada diez mujeres evaluadas presentaron concentraciones de mercurio total en el cabello, superiores a una parte por millón, mientras que siete de cada diez registraron valores asociados con riesgo cardiovascular.
Los casos con las concentraciones más elevadas también mostraron un patrón de laboratorio preocupante, compatible con posibles alteraciones hepáticas y renales, procesos inflamatorios, estrés oxidativo y cambios hematológicos, especialmente relacionados con la anemia. Los investigadores advierten que estos hallazgos deben ser considerados por las instituciones responsables de la salud pública y de la protección ambiental.
La exposición al mercurio puede relacionarse con dolores de cabeza, irritaciones, náuseas, vómitos, pérdida de memoria y problemas neurológicos. También puede generar afectaciones en el cerebro, el estómago, el hígado y el sistema cardiovascular, además de daños genéticos vinculados con alteraciones del ADN, sigla correspondiente al ácido desoxirribonucleico.
La presencia de alguno de estos síntomas no permite, por sí sola, establecer un diagnóstico de intoxicación. La confirmación requiere evaluaciones clínicas, pruebas de laboratorio y un análisis de los antecedentes de exposición. La importancia del estudio radica precisamente en que combina información sobre los niveles de mercurio con indicadores biológicos y sanitarios obtenidos en las poblaciones investigadas.
Para Carvajal, la documentación científica modifica las condiciones en las que las comunidades pueden plantear sus demandas. Ya no se trata de testimonios sobre cambios en los ríos, alteraciones en los peces o problemas de salud, sino de resultados medibles que obligan a examinar la responsabilidad de las actividades mineras y la respuesta de las instituciones estatales.
“Está documentado y ahora es cuando tenemos los instrumentos para poder cuestionar e interpelar al Estado, para que haga lo que tiene que hacer con estas causantes de la contaminación”, dijo el investigador.
La publicación plantea que la contaminación por mercurio no puede ser abordada como un problema exclusivamente ambiental. Sus consecuencias alcanzan la salud, la alimentación, la economía familiar, la cultura y la continuidad de las formas de vida de los pueblos indígenas.
En muchas comunidades amazónicas, la pesca no solo constituye una fuente de proteína. También forma parte de las actividades productivas, de las relaciones comunitarias y de los conocimientos transmitidos entre generaciones. La contaminación de los peces, por tanto, coloca a las familias ante una situación compleja: reducir su consumo puede afectar la seguridad alimentaria, pero mantenerlo sin información ni controles suficientes incrementa el riesgo de exposición.
La problemática revela una desigualdad territorial. Los beneficios económicos de la explotación aurífera suelen concentrarse en determinados sectores, mientras que los costos ambientales y sanitarios recaen sobre poblaciones que se encuentran a considerable distancia de los puntos de extracción. El mercurio transportado por los ríos puede extender sus efectos más allá de las áreas mineras y alcanzar comunidades que no participan directamente en esa actividad.
El estudio sostiene que la evidencia reunida debe traducirse en decisiones públicas. Entre las necesidades señaladas, se encuentran el fortalecimiento de los controles sobre el uso y la comercialización del mercurio, el monitoreo permanente de los ríos y peces, la vigilancia epidemiológica, la atención médica de las poblaciones expuestas y la aplicación de medidas de prevención.
La investigación también pone sobre la mesa la necesidad de transparentar la información. Sin datos accesibles, periódicos y comparables, las comunidades tienen dificultades para conocer el nivel de riesgo al que están expuestas y para evaluar si las medidas gubernamentales producen resultados.
Durante la presentación del libro, el vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Tito Estévez, aseveró que la academia no puede permanecer indiferente ante los efectos de la contaminación y destacó la responsabilidad de difundir los hallazgos.
“Como academia, no podemos ser indiferentes. Es urgente difundir estos estudios rigurosos, promover el debate y asumir un rol activo para proteger la salud de nuestras poblaciones amazónicas y sus ecosistemas”, señaló.
La obra está dividida en dos partes. La primera desarrolla el contexto de la contaminación por mercurio en la Amazonía, describe los recursos utilizados durante la investigación y expone los principales resultados. En tanto, la segunda profundiza en los aspectos técnicos mediante gráficos, esquemas, cuadros estadísticos y análisis especializados.
La estructura busca que el contenido pueda ser consultado tanto por investigadores y profesionales como por organizaciones sociales, dirigentes indígenas, defensores ambientales y autoridades. La intención es evitar que la información científica quede restringida a espacios académicos y facilitar su utilización en acciones de incidencia, prevención y defensa de derechos.
El trabajo de campo contó con el apoyo del Instituto de Toxicología de la Universidad de Cartagena, el Centro de Documentación e Información Bolivia y la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas. La participación de estas entidades permitió articular conocimientos académicos con la experiencia de organizaciones que acompañan conflictos territoriales y ambientales.
El alcance de la preocupación, no se limita a la Amazonía. Carvajal advirtió que existen denuncias sobre actividades mineras en proximidades de las represas de Hampaturi e Incachaca, que abastecen de agua a La Paz y municipios vecinos.
La presencia de socavones, maquinaria y operaciones mineras cerca de fuentes de abastecimiento ha despertado cuestionamientos sobre los riesgos para la calidad del agua. Aunque las denuncias motivaron inspecciones de autoridades de distintos niveles de gobierno, el investigador remarcó que todavía se necesitan estudios técnicos capaces de establecer con precisión la existencia, el tipo y la magnitud de una posible contaminación.
“Sabemos que hay denuncias, pero habrá que documentarlas. Hay instituciones que ya están trabajando, casi todas de la UMSA, como el Instituto de Ecología y el Instituto de Ingeniería Sanitaria. Esperemos que lo hagan a la brevedad posible”, expresó.
La advertencia plantea un escenario que trasciende a las comunidades situadas en zonas mineras. Una eventual afectación de las cuencas que alimentan los sistemas de agua potable podría convertir la contaminación minera en un problema urbano de grandes dimensiones.
Por esa razón, los especialistas insisten en que las investigaciones deben realizarse antes de que los daños sean irreversibles. La ausencia de estudios concluyentes no significa que el riesgo no exista, sino que el Estado debe aplicar mecanismos de prevención, fiscalización y monitoreo mientras se desarrollan los análisis correspondientes.
El libro también cuestiona la distancia entre la producción científica y la formulación de políticas públicas. A pesar de la existencia de estudios sobre la contaminación por mercurio, las respuestas oficiales no siempre se traducen en controles eficaces, atención sanitaria sostenida o reducción de las fuentes contaminantes.
Los datos sobre mujeres con concentraciones superiores a los valores de referencia resultan especialmente relevantes por las consecuencias que la exposición puede tener durante el embarazo y el desarrollo infantil. Aunque cada caso debe ser evaluado clínicamente, la elevada proporción de resultados observados obliga a ampliar las investigaciones y a establecer programas de seguimiento médico.
La contaminación por mercurio requiere, además, una respuesta coordinada. Las competencias se encuentran distribuidas entre instituciones responsables de minería, medioambiente, salud, agua, autonomías territoriales y protección de los pueblos indígenas. Cuando esas entidades actúan de manera separada, se dificulta determinar responsabilidades y ejecutar medidas integrales.
La evidencia científica presentada en la obra apunta a superar esa fragmentación. Los resultados no solo describen la presencia del metal, sino que relacionan la exposición ambiental con indicadores de salud y con las condiciones sociales de las comunidades afectadas.
El desafío inmediato es transformar los hallazgos en medidas concretas. Las comunidades necesitan conocer qué especies de peces presentan mayores concentraciones, con qué frecuencia pueden consumirlas, dónde recibir atención médica y qué instituciones deben responder por la contaminación. También requieren garantías de que las restricciones alimentarias no terminarán agravando la desnutrición o reduciendo sus medios de subsistencia.
La publicación de Mercurio y salud en la Amazonía boliviana abre una nueva etapa en el debate sobre la minería aurífera. La controversia ya no se limita al impacto visible de las dragas, la remoción de suelos o la degradación de los ríos. Los análisis trasladan la discusión al interior del organismo humano y muestran que la contaminación puede estar afectando silenciosamente a quienes dependen de esos ecosistemas.
Frente a esos resultados, la principal demanda es que el Estado deje de tratar las denuncias como advertencias aisladas y las incorpore en una política pública respaldada por controles, recursos, investigación y atención sanitaria. Los instrumentos científicos ya están disponibles. La decisión pendiente es utilizarlos para prevenir nuevas exposiciones, reparar los daños y proteger efectivamente a las poblaciones amazónicas. (Con información de Erbol)
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